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Respuesta:
En el Ecuador existe un Estado Constitucional de derechos y justicia desde la promulgación de la Constitución de Montecristi (2008) esto implica que los derechos constitucionales deben ser preservados por los operadores del sistema de justicia. No obstante, especialistas opinan que muchas garantías constitucionales se ven afectadas por la inadecuada aplicación de los derechos, desconociendo o vulnerando garantías de igual o mayor rango constitucional. En el presente artículo se hace una revisión bibliográfica y jurisprudencial en la cual se registra la existencia de concordancias y colisión entre derechos fundamentales y garantías constitucionales. Los resultados obtenidos arrojaron serias contradicciones entre el interés superior del niño y la garantía constitucional de la seguridad jurídica, vulnerada por la inadecuada aplicación de medidas de apremio, figura que permanece en el Código General de Procesos (COGEP) a pesar de la positiva modificación del inciso primero del artículo 137 de este código (2017). La conclusión del estudio es que cualquier medida sancionatoria es aplicable siempre y cuando cumpla previamente con el debido proceso y con el principio de proporcionalidad; el respeto a las garantías constitucionales es el mejor aval de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos ecuatorianos.
De allí que las garantías constitucionales tienen un rol crucial en el ordenamiento jurídico ecuatoriano. Es deber del Estado preservar los derechos fundamentales y admitir, cada vez que sea procedente, las garantías constitucionales. El ejercicio continuado de estas garantías permite la defensa de los derechos de todas las personas.
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