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El Gobierno de facto de Honduras ha dado un paso más. Un nuevo paso para intentar sostener una situación que le sobrepasa por todos lados. A las críticas que recibe desde la comunidad internacional no puede hacer nada. Pero lo que sí puede es atacar a la resistencia dentro del país que exige la restitución del presidente legítimo de Honduras, Manuel Zelaya.
La última decisión de los golpistas, en consonancia con la oleada de represión y censura que varias ONG denunciaron la semana pasada, ha sido la de emitir un decreto que suspende varias garantías constituciones durante más de mes y medio. Las medidas pasan por suspender las protestas públicas, la libertad de asociación y circulación durante 45 días, la libertad de expresión de los medios de comunicación y ordena el desalojo de toda institución pública tomada por manifestantes y la detención de personas que sean consideradas sospechosas, que "deberán permanecer recluida en los centros de detención legalmente establecidos", según reza el decreto.
Además, Micheletti ha impedido las marchas organizadas en Tegucigalpa y otros puntos del país por los seguidores del derrocado gobernante, Manuel Zelaya
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