2 ejemplos reconocidos sobre violencia innstitucional en argentina
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PRÓLOGO
Los derechos humanos frente a la violencia institucional.
En los últimos años, la Argentina recorrió un largo camino en materia de ampliación de derechos.
Desde 2003, son muchas las políticas públicas que hemos implementado desde el gobierno nacional,
entre ellas la Asignación Universal por Hijo, el Plan Procrear, la recuperación de Sistema Solidario
Previsional (Ley 26.425), el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria, la Ley de identidad de género,
el matrimonio igualitario. Todas estas medidas han ampliado considerablemente los márgenes de
inclusión social y han permitido reponer derechos a aquellos que no los tenían.
En este material, asumimos un nuevo desafío en lo que respecta a los derechos humanos: trabajar
sobre la violencia institucional. Tal como se sostiene en este cuadernillo, violencia institucional
hace referencia a “prácticas estructuradas de violación de derechos por parte de funcionarios pertenecientes a fuerzas de seguridad, fuerzas armadas, servicios penitenciarios y efectores de salud en
contextos de restricción de autonomía y/o libertad (detención, encierro, custodia, guarda, internación, etc.)”.
ejemplo:
10 enero 2017
Desalojan con violencia a los manteros de Once
Una de las características de la violencia institucional en la Ciudad es el disciplina miento y orden de las fuerzas policiales en el espacio público. Se aplica principalmente a vendedores, artistas y manteros, entre otros. El hecho más significativo en esta línea ocurrió el 10 de enero de 2017 cuando más de 1800 manteros fueron desalojados del barrio de Once con un operativo policial que incluyó gas lacrimógeno, corridas y detenidos.
En el siguiente mes continuaron los desalojos a manteros en Flores y Liniers. Durante todo el 2017 la persecución continúo y principalmente se enfocó en la comunidad senegalesa.
ejemplo:
8 de marzo de 2017
Detenciones en el paro de mujeres de 2017
La Policía de la Ciudad tiene una causa judicial en su contra por “apremios ilegales”, por su accionar durante la violenta razzia que encabezaron, sobre las mujeres que habían participado de la marcha del 8M, en el marco del Día Internacional de la Mujer. La Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) denunció que las detenciones fueron groseras privaciones de libertad, que se llevaron adelante con violencia y que no tenían conexión con los hechos ocurridos frente a la Catedral dos horas y media antes.
Estas detenciones fueron las primeras ocurridas en el 2017, un año marcado por la criminalización de la protesta llevada adelante tanto por la policía como por el Poder Judicial.