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Respuesta:
El monopolio del ejercicio de la fuerza es una de las atribuciones de todo Estado; en palabras de Norberto Bobbio*: "si el uso de la fuerza es la condición necesaria del poder político, sólo el uso exclusivo de este poder es la condición suficiente".
Ahora bien, el uso del monopolio de la fuerza para restablecer el orden debe partir del principio universalmente reconocido de que el núcleo esencial del sistema político de la democracia constitucional es el reconocimiento y la protección de los derechos fundamentales de toda persona, lo que implica que el empleo de la fuerza estatal está limitado por esos derechos y por las normas que prescriben la coacción. De esta forma, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que las autoridades solamente deben ejercer sus facultades de la manera que les ha sido otorgada, porque de no ser así sus actos serían arbitrarios.
Consecuentemente, la violencia de los particulares no justifica los actos de autoridad por sí mismos, como tampoco se debe medir el uso de la fuerza estatal con el parámetro de si se trató de abusos deshonestos o no llegó a la violencia extrema; o peor aún, si no existe imputación directa. El análisis debe centrarse en el respeto o no a los derechos fundamentales reconocidos en nuestro sistema jurídico, ya sea los expresamente establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o a través de los tratados internacionales vigentes en el país.
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