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Tal vez el ideal moderno de democracia constitucional tenga su "mejor símbolo" en la figura del "juez imparcial" (Zakaria 1997: 27). En buena medida, la responsabilidad por la legalidad democrático-liberal descansa en los hombros de administradores imparciales y profesionales de la ley. Pero, ¿cómo sabemos si nuestros jueces realmente actúan de una manera imparcial? ¿Cómo sabemos que llegan a sus decisiones con base en la ley y nada más a la ley? El problema de la aplicación imparcial de las leyes está en el centro de la rendición de cuentas en el ámbito judicial. En ciertos momentos y lugares, es un problema que nadie plantea. A veces confiamos en nuestros jueces y no cuestionamos ni su integridad ni su competencia. Otras veces, las normas jurídicas son lo suficientemente claras y sencillas como para obviar las dudas acerca de su observación; para todos resulta evidente si los actores se ajustan a ellas o las violan. Sin embargo, en el momento en que empezamos a preguntarnos acerca de los fundamentos legales de las decisiones judiciales, en el momento en que empezamos a dudar de la imparcialidad de los actores judiciales, nos adentramos en un terreno complejo, disputado y frustrante.