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El 14 de mayo de 1989, como candidato del Frente Justicialista Popular , una coalición del PJ con diversos partidos menores, Menem se impuso al postulante del oficialismo radical, Eduardo César Angeloz, con el 49,3% de los votos. El 8 de julio, con cinco meses de antelación, ya que el traspaso de poderes estaba previsto para el 10 de diciembre, y previa cesión del Gobierno riojano a Alberto Gregorio Cavero, Menem sucedió en la jefatura del Estado a Alfonsín, que deseaba evitar tan prolongada provisionalidad dada la delicada situación económica y social. En efecto, Menem heredó una economía en rápida descomposición, con una previsión de recesión acumulada al final del año del 6% del PIB, una hiperinflación cercana al 5.000% y deuda exterior totalizando los 63.000 millones de dólares. Los dos primeros años del Gobierno de Menem fueron singularmente angustiosos, ya que el programa exhaustivo de desregulaciones, privatización general de las empresas públicas, reducción del gasto público y bloqueo de los salarios, que se situaron por debajo del índice de precios, multiplicados varias veces en el caso de algunos servicios públicos, tardaba en generar la deseada estabilidad, y, entre tanto, tenía efectos devastadores sobre el poder adquisitivo de las clases medias y bajas.
Por lo que se refiere a la campaña de privatizaciones, calificada de «salvaje» por quienes se oponían a la venta de los activos del Estado a compañías foráneas, fue de tal magnitud que al final de la presidencia de Menem virtualmente no quedaba ninguna empresa en manos del Estado. Con el argumento de que había que sanear sus finanzas y librarlo de la ineficiencia y el despilfarro, el Gobierno de Menem sometió a profundas reformas a los regímenes de jubilaciones y pensiones y a los seguros contra riesgos laborales, enfermedad y desempleo, en un sentido acusadamente regresivo. Recortando las coberturas legales y, trasladando la gestión de los servicios a manos privadas, Menem, siempre en aras de la modernización, la eficacia y la extinción de los abusos del asistencialismo, propició el desmantelamiento del sistema de previsión social y liquidó lo que quedaba del Estado-providencia argentino fundado, precisamente, por el general Perón cuatro décadas atrás. Por otra parte, Menem acometió una serie de medidas dirigidas a resolver definitivamente la cuestión militar, en la línea avanzada por el Gobierno de Alfonsín con sus leyes de protección jurídica de los miembros del estamento implicados en la violación de los Derechos Humanos.
Las principales actuaciones de Menem en este terreno fueron los polémicos indultos del 5 octubre de 1989 y el 30 de diciembre de 1990, que excarcelaron a los máximos culpables de la represión de la dictadura que permanecían en prisión, entre ellos los ex presidentes Jorge Rafael Videla, Roberto Eduardo Viola y Leopoldo Fortunato Galtieri, así como Mario Eduardo Firmenich, máximo jefe de los Montoneros. La segunda medida de gracia se aplicó precisamente a las tres semanas de frustrarse la última asonada de militares carapintadas en Buenos Aires, liderados por el coronel ultraderechista Mohamed Alí Seineldín, contumaz reincidencia en este tipo de desafíos al poder civil que obligó a Menem a declarar, por primera y última vez en su largo mandato, el estado de sitio, con una duración de 48 horas. Los indultos de Menem fueron valorados como afrentosos por los familiares de las víctimas y por el general de los comentaristas como una muestra de la debilidad del Gobierno ante las presiones castrenses
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