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En enero del año 2001 el Presidente de la República, Ricardo Lagos, emitió un decreto con el cual se constituía la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato, la cual tendría por objetivo elaborar una propuesta nacional para resolver los temas pendientes con la población indígena. Con esta iniciativa se dio cumplimiento a una de las primeras promesas que hizo Lagos tras asumir la presidencia en marzo del año 2000.2 A su vez, la Comisión significó una continuidad con la política de los dos gobiernos anteriores de la Concertación de Partidos por la Democracia hacia este sector de la población, identificado a partir de 1990 como destinatario de políticas específicas y de un "nuevo trato".
Esta Comisión aparece a 10 años del retorno a la democracia y siete de haberse aprobado por unanimidad la Ley Indígena. Contrario al clima de consensos de aquella época, fue planteada en medio de una fuerte tensión social en la región de la Araucanía, donde una parte del movimiento mapuche radicalizó sus posiciones políticas y sus estrategias de movilización. Este paso del optimismo a la confrontación y la desconfianza da cuenta de la inconformidad surgida entre las organizaciones indígenas de las distintas etnias que aparecen reconocidas en la Ley Indígena, quienes no han visto la materialización de este nuevo trato.
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