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El siglo XVIII se inició́ con un conflicto sucesorio de la Corona española donde, entre 1701 y 1713, se enfrentaron la Casa de Borbón y la Casa de Austria por la herencia de Carlos II. Esta pugna de poderes cesó en 1713 con la subida al trono español de Felipe V, debido al reconocimiento internacional de su acceso al trono español por la paz de Utrecht. A partir de entonces, se inició una etapa de cambios y transformaciones a través de la implantación gradual de una serie de planes y proyectos en las distintas esferas del imperio hispánico a lo largo del siglo XVIII. Este proyecto de reorganización política y económica no pretendía transformar completamente el orden estamental vigente sino mejorarlo para un mejor gobierno y una mejor administración de sus dilatados dominios.
Los actores de este reformismo borbónico buscaban renovar el aparato estatal a través de una burocracia centralizada, que emanara de Madrid, para restaurar el prestigio y la influencia de la monarquía. Y, para ello, ambicionaban establecer un mayor control político, comercial y administrativo dentro del imperio. La mayoría de los autores coinciden en señalar dos etapas: una inicial de cambios moderados, originados a comienzos del siglo XVIII, coincidiendo con los reinados de Felipe V y Fernando VI, que sentaron las bases para la fase posterior, bajo el reinado de Carlos III, mucho más intensa y ambiciosa.
El impulso a las reformas se produjo a partir de 1763. Esto es debido a que los desastrosos resultados de la Guerra de los Siete Años, sobre todo a partir de 1762 con la toma de Manila y La Habana por los ingleses y en 1763 con la Paz de París, impulsaron la necesidad de reformas. Esto se debe a que la monarquía adquirió conciencia de la importancia estratégica de las colonias americanas, principalmente del Caribe, amenazadas por las potencias extranjeras que las acechaban continuamente y mermaban el intento de control que pretendía la Corona sobre ellas, causando obstáculos y peligros a través del contrabando y de los conflictos bélicos. Por estas razones se planteó instaurar un sólido plan de cambios que estabilizara y fortaleciera su dominio en las Indias.
Las reformas buscaban mejorar las estructuras económica, administrativa, educativa, judicial y militar de sus estados para aumentar el poder de la monarquía. No obstante, estos proyectos reformistas tuvieron versiones propias y diferentes en cada espacio geográfico de la Monarquía Hispánica ya que suponía un ámbito compuesto de múltiples y diversas sociedades con rasgos propios y dinámicas peculiares.
Las medidas económicas se centraron en aumentar los impuestos y controlar las tasas aduaneras, implantar un proteccionismo en el sector manufacturero que favoreciera la creación de manufacturas reales (como las Reales Fábricas de Tapices, Cristales, etc.), aplicar estímulos que favorecieran el desenvolvimiento de la agricultura y la minería, y liberar a la actividad productiva de ciertas trabas que entorpecían su desarrollo como la liberación del comercio de granos en la Península 1765 o la promulgación sistema del libre comercio entre distintos puertos americanos y españoles iniciado con la publicación del Decreto de Libre Comercio en 1765 y culminado con el Reglamento y aranceles reales para el comercio libre de 1778. Esto supuso un crecimiento del comercio colonial donde ciudades andaluzas gozaban de gran relevancia, como era el caso de Cádiz, donde se había trasladado la Casa de la Contratación y el Consulado desde Sevilla a esta ciudad en 1717, que siguió manteniendo bajo su control la mayor parte del tráfico ultramarino.
Uno de los proyectos económicos, en este caso inacabado, fue la reforma de la Hacienda, intentando mejorar los sistemas de recaudación de impuestos que racionalizaran el sistema fiscal y acabaran con la desigualdad contributiva: el Catastro de la Ensenada.