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La crisis de 2001 quizás haya sido el peor derrumbe social de la historia argentina. No se trató, desde ya, de una mera crisis económica, sino que se puso en juego la posibilidad de la continuidad del Estado nacional como entidad con capacidad de autogobierno.
Hacia fines de aquel año, la disolución de los vínculos políticos, económicos y sociales llegó a un punto tal que no podían garantizarse las condiciones para la supervivencia “normal” de amplias franjas de la población. El colapso del aparato productivo, bancario y de las finanzas públicas fue sólo la expresión económica del derrumbe de toda la sociedad. A diferencia de un cataclismo, no fue un producto de la naturaleza, sino de la acumulación de políticas contrarias a los intereses básicos de la Nación.
Por supuesto pueden encontrarse antecedentes de esta situación en los propios albores de la Argentina, como por ejemplo su prematuro endeudamiento externo ya en 1824, la presencia de fuertes intereses extranjeros en los propios centros de la decisión nacional hasta bien avanzado el siglo XX, las dificultades del país para encontrar un lugar adecuado en la división internacional del trabajo cuando avanzó en el proceso sustitutivo de importaciones.