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Los gobiernos tienen el deber de prohibir aquellos discursos que promuevan el odio e inciten a la violencia, pero, abusando de su autoridad, muchos silencian la disidencia pacifica con leyes que criminalizan la libertad de expresión. Para ello, se invoca a menudo la lucha contra el terrorismo, la seguridad nacional o la religión. Además, en los últimos tiempos, las autoridades vienen amenazando la libertad de expresión con medidas represivas contra activistas, ONG y personas anónimas que ayudan a la población refugiada y migrante.
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