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Cuando las empresas no pagan los impuestos que les corresponden, privan a las personas de fondos esenciales para servicios básicos como hospitales o escuelas. Se estima que cada año los países más pobres pierden 100 mil millones de dólares en ingresos fiscales (1).
Tan solo en México, durante el periodo 2013-2015, las empresas evadieron en promedio 244 mil 664 millones de pesos anuales(2), lo que representa un 39.63% de la recaudación potencial del Impuesto Sobre la Renta. Si el monto destinado a la reconstrucción por las afectaciones de los sismos ocurridos en septiembre de este año, es de 43 mil millones de pesos(3), con el dinero que evadieron estas empresas, podríamos haber reconstruido cinco veces el país.
Los servicios públicos dependen de las aportaciones que realizamos a través de los impuestos, sin embargo, la recaudación fiscal en México es de las más bajas en América Latina. La política fiscal mexicana favorece a quien más tiene mediante tasas muy bajas para gravar recursos que son la principal fuente de ingresos de las clases más ricas y hacia los cuales las clases con menos ingresos no suelen tener acceso como: las herencias, las ganancias en el mercado accionario, las ganancias de minería, entre otros.
Además, tenemos un sistema fiscal basado en tratamientos especiales, deducibles y exenciones de impuestos. La evasión de impuestos y el ocultamiento de recursos continúan siendo prácticas generalizadas por parte de las élites políticas y económicas en México.
La evasión fiscal reduce el pago de impuestos, a través de métodos ilegales. Por ejemplo, la subfacturación para reportar menores ingresos que los obtenidos, o métodos más complejos como el uso de los paraísos fiscales.
Otro fenómeno relacionado con la pérdida de la recaudación es la elusión fiscal, la cual sucede cuando por vías legales una persona o empresa reduce el monto que debe pagar de impuestos mediante estrategias que aprovechan los vacíos e imprecisiones de las leyes tributarias. Por ejemplo, cuando las empresas transfieren sus ganancias al exterior con tal de pagar menos impuestos utilizando estrategias legales muy complejas.
Se estima que los depósitos de los mexicanos en paraísos fiscales suman 417 mil millones de dólares, lo que representa 2.2 veces el monto de las reservas del Banco de México. Estas prácticas contribuyen a profundizar la desigualdad económica, pues además de que las personas en situación de vulnerabilidad necesitan de bienes y servicios públicos para mejorar su calidad de vida; son las víctimas principales de políticas fiscales regresivas, como los recortes al gasto público o el incremento de los impuestos al consumo como el IVA.
Esto provoca que las familias más pobres sean las que pagan tasas más altas, al gastar un porcentaje más alto de su ingreso en consumo.
¿Cómo podemos cambiarlo?
El Estado mexicano debe demostrar que realiza esfuerzos para aumentar la recaudación proveniente de los grandes contribuyentes, así como brindar información oportuna y transparente sobre los avances y los resultados alcanzados de los acuerdos internacionales que ha firmado en materia del combate a la evasión global de impuestos.
Para atender a la baja rendición de cuentas que existe en el uso de recursos públicos, se necesita un cambio estructural de la recaudación de fondos y del ejercicio del gasto público en el país, procurando que una mayor proporción de los recursos provenga de la sociedad para que aumente la exigencia de su buen manejo y estos se puedan traducir en proyectos de inversión pública. También se puede generar una tasa fija de impuestos que no pueda ser sometida a deducciones de cualquier tipo.
Implementar mecanismos de transparencia que exijan el reporte de la justificación, los tipos de instrumentos, montos, garantías, fuentes de pago, etc. con los que se obtienen y utilizan los recursos públicos tanto del Estado como de los gobiernos estatales. Oxfam México y Fundar, Centro de Análisis e Investigación hacen un llamado al gobierno mexicano a continuar realizando esfuerzos, tanto a nivel nacional como internacional, para combatir la evasión y elusión de impuestos, así como a brindar información oportuna y transparente respecto a los avances y resultados alcanzados en la lucha contra este fenómeno.