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La sociedad civil tiene hoy una percepción sobre la democracia distinta de la que tenía hace tan solo unas décadas. Y es precisamente a lo largo de este período, que las instituciones del Estado mexicano han experimentado importantes virajes, detonados principalmente por la creciente demanda social y orientados hacia la institucionalización democrática y la inclusión de mecanismos participativos al interior de las mismas.
Estas luchas por la democratización han dado lugar, entre muchas otras transformaciones, a cambios en la visión de la acción pública y por ende, también a la conformación de sus propias instituciones. Una visión que hasta hace poco se centraba casi estrictamente en una perspectiva que emanaba de quienes ejercían el poder público, pero que difícilmente tocaban el corazón de las necesidades e intereses de la sociedad que gobernaban. Bajo este marco, la participación ciudadana se convirtió en un tema central de las agendas de la sociedad civil a lo largo de dicho proceso. Dichas agendas, han buscado contribuir a ampliar la capacidad de exigencia ciudadana y habilitar mecanismos que favorezca su involucramiento en la toma de decisiones; especialmente, de aquellas que tienen o que pudieran tener eventualmente un impacto en los ámbitos de su esfera de ejercicio y goce pleno de derechos.
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