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La situación internacional de 2001 es consecuencia directa de acontecimientos y procesos que se produjeron en las últimas tres décadas del siglo XX. Sin lugar a dudas, en el ámbito político, el suceso más trascendente fue la implosión y desintegración de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) que dejó de existir formalmente en 1991. Este hecho ocasionó el nacimiento de un nuevo orden mundial caracterizado, entre otras cuestiones, por la emergencia de Estados Unidos como la potencia hegemónica, el primer poder verdaderamente mundial de la historia, que en función de sus intereses económicos más concentrados, y sin importar que el presidente fuera demócrata o republicano, impulsó la apertura de mercados a través de la firma de tratados de libre comercio (TLCAN, ALCA), presionó para que los países implementaran políticas neoliberales y reforzó su presencia militar en el mundo con el fin de controlar los recursos naturales imprescindibles para mantener su estructura económica -fundamentalmente energéticos-, que eran disputados por otras potencias como la Unión Europea, Rusia o China. La Guerra del Golfo de 1990-91, la intervención militar en el conflicto de la ex Yugoslavia en 1999, la multiplicación de bases militares en la zona del Gofo Pérsico y Asía Central, la guerra contra Afganistán en 2001, entre otros acontecimientos, demostraban una estrategia tendiente a incrementar la militarización y fortalecer una situación de unipolaridad.
Los atentados del 11 de septiembre a las Torres Gemelas y al Pentágono acentuaron las tendencias preexistentes. A partir de ese momento, la política internacional del presidente George W. Bush (2001-2009) estuvo orientada a combatir a la gran amenaza global, el terrorismo internacional, mediante la construcción de coaliciones flexibles y de ataques militares preventivos. Esta mirada unilateral que reafirmaba el accionar preventivo y ofensivo tendía a desestabilizar el sistema internacional con graves consecuencias para todos los Estados, particularmente los más débiles, debido a la inobservancia de las premisas del derecho internacional.
En este contexto de guerra global contra el terrorismo, América latina quedó fuera de las prioridades de Washington, salvo las puntuales excepciones de México, Colombia y Cuba que permanecieron siempre dentro de la agenda por razones de distinto orden. La lucha contra el terrorismo y el narcotráfico en la región, se tradujo en el incremento de presupuesto para el Plan Colombia, en la creación de la Iniciativa Andina Antidrogas y en las presiones para que se aumentaran los controles “en conjunto” sobre la Triple Frontera, donde convergen Argentina, Brasil y Paraguay, considerada por el Pentágono como una zona de peligro potencial.