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En el 2008, el gobierno de Rafael Correa y su partido Alianza País, ratifican una cons- titución que reconoce la plurinacionalidad del país, los derechos de la naturaleza, y defiende el Buen Vivir. El contexto político ecuatoriano se está transformando, nacen nuevos horizontes y esperanzas por parte de los pueblos y nacionalidades indígenas que históricamente han sido explotadas y excluidas de las dinámicas estatales, se avizora un camino de mayor participación política, con las expectativas de lograr el reconocimiento del derecho al autogobierno y la autodeterminación.
No obstante, y especialmente desde la reelección del actual presidente en 2012, se registra un fuerte proceso de reapertura de dinámicas económicas desarrollistas, entre las cuales el mayor impulso a la explota- ción a gran escala los recursos naturales y el territorio: oro, cobre, petróleo, entre otros. Como hemos visto en otros contex- tos, el desarrollo de este extractivismo acaba generando destrucción de la naturaleza y afectando a las comunidades indígenas, y tiene como efectos laterales no menores desplazamientos de población, enfermeda- des y contaminación. La situación presenta mayores agravantes cuando le sumamos la venta de tierras a empresas petroleras y mineras extranjeras sin consulta previa a los pueblos indígenas, perdiendo de vista el marco constitucional en donde está prevista tal consulta.
La CONAIE protagonista durante décadas de las luchas contra los gobiernos neoliberales, por el reconocimiento de la plurinacionalidad y la defensa del terri- torio como movimiento indígena, se ve enfrentada a ataques directos y unos de los momentos más críticos ante las amenazas de desarticulación y pérdida de credibilidad en su trabajo político.
Frente a esas políticas los pueblos indígenas se movilizan y resisten para defender su territorio y sus derechos. Denuncian estos procesos antidemocráticos, exigiendo la aplicación de sus derechos consagrados en la constitución. Ante la falta de puentes de diálogo entienden que desde el gobierno no se reconocen los aportes democráticos significativos de los pueblos indígenas, presentes por más de 500 años de lucha contra el colonialismo, sino que más bien se sigue la línea de contrarrestar la resistencia a través de estrategias que debilitan el movimiento indígena y criminalizan la protesta social.
Un caso emblemático de esta criminalización a las organizaciones y líderes comunitarios es el de Javier Ramírez, activista ecologista del valle de Intag (Ibarra), acu- sado de terrorismo y sabotaje, recluido por 10 meses en prisión preventiva antes de ser llevado a un juicio, y finalmente exculpado gracias a la solidaridad y la movilización social, y a la campaña de denuncia contra la estrategia de criminalización.
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me das corona