leyes nacionales que hablen sobre la discriminación.
Respuestas
Respuesta: Artículo 1.- Obligación de Respetar los Derechos.
1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.
Artículo 4.- Derecho a la Vida.
1. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente.
Artículo 24.- Igualdad ante la Ley. Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley.
Artículo 27.- Suspensión de Garantías.
1. En caso de guerra, de peligro público o de otra emergencia que amenace la independencia o seguridad del Estado parte, éste podrá adoptar disposiciones que, en la medida y por el tiempo estrictamente limitados a las exigencias de la situación, suspendan las obligaciones contraídas en virtud de esta Convención, siempre que tales disposiciones no sean incompatibles con las demás obligaciones que les impone el derecho internacional y no entrañen discriminación alguna fundada en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u origen social
Respuesta:
Varias leyes regulan la discriminación en el lugar de trabajo. Ellas incluyen:
• Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964 (Título VII), que prohíbe la discriminación en el empleo con base en la raza, color, religión, sexo, o nacionalidad de origen;
• la Ley de Salario Igual de 1963 (EPA), que protege a los hombres y mujeres que desempeñan sustancialmente el mismo trabajo en el mismo establecimiento basándose en una discriminación salarial fundada en el sexo;
• la Ley de Discriminación en el Empleo por la Edad de 1967 (ADEA), que protege a los individuos que tienen 40 años de edad o más;
• Título I y Título V de la Ley de Americanos con Incapacidades de 1990 (ADA), que prohíbe la discriminación en el empleo contra individuos calificados con incapacidades en el sector privado, y en los gobiernos estatales y locales;
• Secciones 501 y 505 de la Ley de Rehabilitación de 1973, que prohíbe la discriminación contra individuos calificados con incapacidades que trabajan en el gobierno federal; y
• la Ley de Derechos Civiles de 1991, que, entre otras cosas, proporciona el pago monetario por daños en casos de discriminación intencional en el empleo.
La Comisión de Oportunidades Iguales en el Empleo (EEOC) ejecuta todas estas leyes. La EEOC también provee la supervisión y coordinación de todas las regulaciones de las oportunidades iguales en el empleo, prácticas, y políticas.
Otras leyes federales, no ejecutadas por la EEOC, también prohíben la discriminación y represalias contra los empleados y solicitantes federales. La Ley de Reforma del Servicio Civil de 1978 (CSRA) contiene un número de prohibiciones, conocidas como prácticas personales prohibidas, que están diseñadas para promover sobre todo acciones justas en el personal federal. 5 U.S.C. 2302. La CSRA prohíbe a cualquier empleado que tiene facultades tomar ciertas acciones personales de discriminación o contra empleados o solicitantes de empleo con base en la raza, color, nacionalidad de origen, religión, sexo, edad o incapacidad. También prevé que ciertas acciones del personal no pueden basarse en atributos o conductas que no afectan adversamente el desmepeño del empleado, tales como el estado marital y la afiliación política. La Oficina de Administración de Personal (OPM) ha interpretado la prohibición de discriminación con base en la conducta que incluye la discriminación basada en la orientación sexual. La CSRA también prohíbe represalias contra empleados federales o solicitantes por silbidos, o ejercer una apelación, queja, o derecho de queja. La CSRA está apoyada tanto por la Oficina del Consejo Especial (OSC) como por el Consejo de Protección de Sistemas de Méritos (MSPB).
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