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La crisis del sistema político tiene relación con un sistema que se ha estructurado, en gran medida, para defender y preservar un modelo económico altamente concentrador y excluyente. Este modelo opera sobre la base de un sistema tributario con baja capacidad recaudatoria y fuertemente regresivo y en que el ahorro nacional es manejado por un puñado de AFP que financian a las grandes empresas a un bajo costo y que garantizan muy bajas pensiones. Como resultado, entre otros aspectos, el financiamiento insuficiente del Estado dificulta la producción de bienes públicos, como son pensiones, la educación, la salud de calidad, y permite también argumentar contra el financiamiento público de la política.
Los casos Penta, Caval y SQM han sumido al sistema político chileno en una crisis sin parangón en el cuarto de siglo transcurrido desde el fin de la dictadura de Pinochet. La Presidenta se ve obligada a desmentir que el Gobierno está paralizado e incluso que haya considerado renunciar. Altos dirigentes políticos llaman a una cumbre de todo el espectro político y la iniciativa colapsa a la primera objeción. El debate político refleja una tensión entre “un acuerdo político con impunidad y caiga quien caiga”. Aún no ha tenido lugar una discusión suficiente y profunda que permita diagnosticar qué está en juego, paso indispensable para diseñar caminos de salida. Todo ello dificulta avanzar hacia una trayectoria que permita superar las reales dificultades. La Presidenta enfrenta un difícil dilema.
El primer diagnóstico, conservador, fue expuesto por El Mercurio. Subraya como un problema central la pérdida de la iniciativa política de la Administración: al pasar la Presidenta por difíciles problemas personales y aun cuando sigue gobernando y cumpliendo las tareas de su cargo, está en déficit en cuanto a fijar un rumbo que oriente la acción gubernamental y ordene al oficialismo. A esto se agrega la debilidad en diversas áreas de Gobierno, destacando en particular la desaceleración económica. La causa de la situación no serían los escándalos en sí mismos, sino un “celo excesivo” de parte del Ministerio Público y del Servicio de Impuestos Internos. Esta línea argumentativa fue primero formulada por Jovino Novoa. Algo similar denota la demanda de que el SII “vuelva al criterio administrativo para evitar judicialización”. El Mercurio descalifica la idea de que el país esté enfrentando un problema serio de legitimidad. Se afirma que el Estado funciona, que por vacíos y falencias de la normativa vigente algunos personeros pudieron simplemente haber recurrido a prácticas irregulares para financiar candidaturas y, en general, la actividad política.
Los casos Penta, Caval y SQM han sumido al sistema político chileno en una crisis sin parangón en el cuarto de siglo transcurrido desde el fin de la dictadura de Pinochet. La Presidenta se ve obligada a desmentir que el Gobierno está paralizado e incluso que haya considerado renunciar. Altos dirigentes políticos llaman a una cumbre de todo el espectro político y la iniciativa colapsa a la primera objeción. El debate político refleja una tensión entre “un acuerdo político con impunidad y caiga quien caiga”. Aún no ha tenido lugar una discusión suficiente y profunda que permita diagnosticar qué está en juego, paso indispensable para diseñar caminos de salida. Todo ello dificulta avanzar hacia una trayectoria que permita superar las reales dificultades. La Presidenta enfrenta un difícil dilema.
El primer diagnóstico, conservador, fue expuesto por El Mercurio. Subraya como un problema central la pérdida de la iniciativa política de la Administración: al pasar la Presidenta por difíciles problemas personales y aun cuando sigue gobernando y cumpliendo las tareas de su cargo, está en déficit en cuanto a fijar un rumbo que oriente la acción gubernamental y ordene al oficialismo. A esto se agrega la debilidad en diversas áreas de Gobierno, destacando en particular la desaceleración económica. La causa de la situación no serían los escándalos en sí mismos, sino un “celo excesivo” de parte del Ministerio Público y del Servicio de Impuestos Internos. Esta línea argumentativa fue primero formulada por Jovino Novoa. Algo similar denota la demanda de que el SII “vuelva al criterio administrativo para evitar judicialización”. El Mercurio descalifica la idea de que el país esté enfrentando un problema serio de legitimidad. Se afirma que el Estado funciona, que por vacíos y falencias de la normativa vigente algunos personeros pudieron simplemente haber recurrido a prácticas irregulares para financiar candidaturas y, en general, la actividad política.
mortttsad:
y mas cortito? cd
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