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La tesis central de este documento gira en torno a esclarecer cómo los asentamientos ilegales, denominados hoy por las autoridades locales como Asentamientos Humanos de Desarrollo Incompleto (Decreto 0419 del 24 de mayo de 1999),1 son expresiones de tres procesos complejos relacionados: por un lado son manifestaciones de las contradicciones de las fuerzas del mercado y de las fuerzas del Estado; por otro, son resultado de luchas sociales urbanas lideradas por grupos y comunidades ante el Estado. Y en este sentido, las comunidades exigen del Estado, su principal interlocutor a través de procesos de resolución como la negociación, respuestas que les beneficien y les garanticen la solución a sus problemas de exclusión y marginación.
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