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Respuesta:
A pesar de que Venezuela es un país localizado en área sísmica y que el 80% de su población y las actividades se asientan sobre zonas sujetas a riesgos de diversa índole no se han desarrollado políticas públicas ni estrategias nacionales en materia de prevención de riesgos y desastres que permitan afrontar con efectividad situaciones de esta naturaleza. Sin embargo, a raíz de los deslaves producidos en distintos estados, especialmente en Vargas en diciembre de 1999, cambió radicalmente la panorámica, en cuanto a la prioridad y atención que el estado debe darle a la materia.
En Venezuela, casi un 50% del total de los estados que conforman su territorio contiene áreas conformadas por suelos retroexpansivos, las cuales a su vez coinciden casi en su totalidad con la zona de mayor concentración poblacional y sismicidad en el país, la región centro-norte costera y la cordillera andina.
SITUACION INSTITUCIONAL
La actual Constitución de la República Bolivariana de Venezuela prevé la administración de riesgos y emergencias como competencias del Poder Público Nacional, así como la Ley de la Organización Nacional de Protección Civil y Administración de Desastres.
En Venezuela se viene desarrollando un proceso multidisciplinario y multisectorial para incorporar la gestión de riesgos y la reducción de desastres en la planificación del desarrollo económico y social. En dicho proceso participan todos los ministros vinculados con la materia (Ambiente, Ciencia y Tecnología, Educación, Cultura y Deportes, Educación Superior, Agricultura y Tierras, Energía y Minas, Salud y Desarrollo Social, Interior y Justicia, y Relaciones Exteriores), además de empresas vinculadas con sectores específicos, como el sector del agua (HIDROVEN) y del sector petrolero (PDVSA), así como otros organismos e instituciones académicas relacionados, como el Instituto Geográfico Simón Bolívar y las universidades. A nivel regional andino, Venezuela participa en el Comité Andino para la Prevención y Atención de Desastres (CAPRADE), donde se ha formulado la Estrategia Andina para la Prevención y Atención de Desastres.
Los esfuerzos de coordinación a nivel nacional se realizan a través del Comité Coordinador Nacional de Protección Civil y Administración de Desastres, el cual está conformado por todos los despachos del Ejecutivo Nacional y que agrupa a todos los sectores y niveles de gobierno, con la participación de la representación de los gobernadores de estado, alcaldes y organizaciones no gubernamentales, así como la Coordinación Nacional de Bomberos y organismos de administración de emergencias de carácter civil. En el seno del Comité Coordinador Nacional se prevé además la constitución de subcomités técnicos sectoriales y equipos de trabajo especializados para acciones y medidas en materia de protección civil y administración de desastres.