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El gobierno de facto disolvió el Congreso e intervino doce de las entonces catorce provincias del país (con la excepción de San Luis y Entre Ríos, con gobiernos electos que adhirieron al golpe). Uriburu gobernó de este modo por decreto arrojándose los poderes ejecutivo y legislativo del país. Aunque en gran medida compuesto por militares, el gobierno de facto integró progresivamente a una gran cantidad de civiles, la mayoría provenientes de la élite conservadora liberal opositora a Yrigoyen. Del mismo modo, varios sectores que apoyaron al principio la caída de Yrigoyen comenzaron a distanciarse de Uriburu en el transcurso del gobierno de facto por diversos motivos.
La dictadura de Uriburu reprimió con dureza la disidencia por parte de los grupos radicales, comunistas y anarquistas,3 y tuvo como objetivo último instaurar un régimen corporativista.4 5 A pesar de estas intenciones, el rechazo de las élites civiles al proyecto de Uriburu y una victoria electoral radical en comicios más tarde anulados en la provincia de Buenos Aires condujeron al gobierno militar a iniciar un proceso de normalización institucional. Sin embargo, el régimen de facto organizó elecciones fraudulentas en noviembre de 1931, en las que el radicalismo optó por abstenerse ante la nula falta de garantías, permitiendo la elección de Agustín Pedro Justo por una coalición de partidos conservadores. Uriburu entregó el mando al nuevo gobierno el 20 de febrero de 1932. Enfermo desde antes de dejar el poder, Uriburu se retiró a París, Francia, donde murió poco más de dos meses más tarde, el 29 de abril, víctima de un cáncer de estómago.