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El gobierno de facto disolvió el Congreso e intervino doce de las entonces catorce provincias del país (con la excepción de San Luis y Entre Ríos, con gobiernos electos que adhirieron al golpe). Uriburu gobernó de este modo por decreto arrojándose los poderes ejecutivo y legislativo del país. Aunque en gran medida compuesto por militares, el gobierno de facto integró progresivamente a una gran cantidad de civiles, la mayoría provenientes de la élite conservadora liberal opositora a Yrigoyen. Del mismo
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