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El 17 del mes en curso, la Comisión Nacional Anticorrupción le solicitó al Consejo de la Judicatura que deje insubsistente el concurso para la selección de jueces de la Corte Nacional de Justicia, señalando que este se había “enrarecido por diversas circunstancias que deben ser investigadas por la Fiscalía”.
En esa misma línea, el pasado miércoles, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) escuchó a los miembros de la Veeduría Ciudadana conformada para vigilar el concurso y, con base en sus informes que señalan anomalías, insta al Consejo de la Judicatura a que considere declarar la nulidad parcial o total del concurso.
Se le pide que considere la aplicación del art. 53 del Código Orgánico de la Función Judicial, que determina: “Si en las diferentes fases del proceso de los concursos se advirtiese alguna anomalía importante, que lo afecte de nulidad insanable, se rehará el procedimiento, total o parcialmente, por resolución de quien dirige el respectivo concurso”.
Los veedores han informado que existen serias observaciones al sistema informático, en el reglamento se evidencia una mejor calificación para las personas que provienen de la Función Judicial, hay demora en la entrega de información por parte del Consejo de la Judicatura, así como una tardía convocatoria para que los veedores constaten el avance de las diferentes etapas del proceso; hay fallas en el reglamento, falencias en el sistema informático y falta de disponibilidad de las partidas presupuestarias. Los señalamientos al concurso se acumulan y merecen ser desvirtuados, de ser el caso.
Los jueces están al tope en la secuencia de los procesos de administración de justicia, su selección no debe admitir sombra de duda alguna. Dos instituciones han mostrado sus reparos con formalidad y la ciudadanía está atenta a la reacción del Consejo de la Judicatura, que debe garantizar una designación de jueces transparente, con base en procedimientos que den plena confianza al país. (O)
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