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La democracia es un tema central para la filosofía política, la teoría constitucional y la investigación política comparada (Christiano 2003; Shapiro 2003; O´Donnell 2010). Pero desde estos campos suele ponerse poca atención a los programas públicos que se requiere implementar para conseguir que los mecanismos de la democracia funcionen. Para los estudios sobre política pública, a su vez, la democracia es ante todo una condición dada en el trasfondo, que enmarca la definición e implementación de políticas sectoriales y transversales (véase, a manera de ilustración, Bardach 2009; Kraft y Furlong 2009; Guess y Farnham 2011). El objetivo de este trabajo es mostrar que la democracia amerita ser tratada de manera sistemática como un fenómeno que se materializa a través de un amplio conjunto de políticas y programas públicos.
La democracia como objeto de la política pública
5El campo en el que la democracia no ha encontrado un lugar claramente definido es en el del estudio de las políticas públicas. Considerando las diferencias en las teorías sobre la política pública (Sabatier 2007), se puede decir que bajo este rubro se inscriben cuestiones relacionadas con el estudio de los modelos de definición, planeación, implementación y evaluación de las acciones que se realizan con un carácter obligatorio en nombre del interés público (Kingdon 2002). En ese sentido, la política pública no es simplemente una acción de relevancia colectiva o que involucre a distintos actores gubernamentales y sociales. Es una acción que, a través de distintos medios, pretende alcanzar un objetivo que está respaldado por la legalidad y la autoridad estatales.
6La cuestión aquí, entonces, es ésta: ¿puede ser la democracia considerada como un objeto de la política pública? De forma intuitiva, dado que la democracia es por definición un asunto que involucra a la comunidad política en su conjunto, podemos considerar con toda naturalidad que puede serlo. Sin embargo, por más intuitiva que parezca, la idea de considerar la democracia como objeto de la política pública puede dar lugar a varias objeciones, que quedan sintetizadas en este planteamiento: si la política pública es una intervención autorizada desde la esfera gubernamental, que se realiza conforme a un programa estratégico de acción, entonces la democracia no puede ser un objeto de la política pública, debido a las condiciones de “politización”, “autogobierno”, y “equilibrio” que caracterizan la democracia.
7La politización es una característica ontológica de la democracia. Es esa cualidad la que la hace elusiva al voluntarismo o la acción unilateral, pues se asume que la comunidad política, la ciudadanía, las leyes y la acción pública son instancias cuyos sentidos están permanentemente en disputa (Mouffe 2000; Rancière 1999). Desde este punto de vista, es objetable la idea de que la democracia pueda quedar regulada —“domesticada” o “despolitizada”, por así decir— por los modelos de la gestión pública. Para ser justos, es cierto que la ontología política de la democracia se define por la controversia y la disputa tanto simbólicas como políticas. Pero los desacuerdos normativos, la institucionalización contingente y la inestabilidad también caracterizan las políticas públicas. La distinción que hay que hacer, en todo caso, es la que hay entre la filosofía constitutiva de la democracia y el nivel de institucionalización que un régimen alcanza. En la práctica, cuanto mejor institucionalizado esté un régimen, los principios democráticos pueden operar de una forma más vibrante y auténtica. Las políticas públicas contribuyen a tal propósito.
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