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En el Ecuador la violencia intrafamiliar ha sido parte de un problema estructural, por el que, sin distinción de género, sea hombres o mujeres, niños, niñas, adolescentes, adultas, adultos mayores, personas con capacidades especiales y personas que se encuentre en estado de vulnerabilidad, sufren abusos y agresiones debido a su condición y a factores socio-culturales, como consecuencia de la sociedad patriarcal y estratificada que justifica la violencia. La existencia de dicho sistema ha generado una desigualdad en el trato interpersonal entre hombres y mujeres en todos los ámbitos de interacción dentro del medio social. Es por esto importante establecer una estructura normativa viable y efectiva mediante la cual, el acceso a la justicia sea rápido y eficaz cuya finalidad sea la justiciabilidad y defensa de los derechos de las personas víctimas de violencia en el núcleo familiar, no solo sancionando, sino generando un sistema integral de protección mediante el cual se pueda precautelar, detectar y sancionar al agente agresor, así como una reparación integral de la víctima mediante instituciones especializadas para el efecto. Es así, que en el Ecuador se ha estructurado un marco normativo garantizando la protección de derechos desde la Constitución, ratificaciones de convenios y tratados internacionales, leyes especializadas y tipificación de nuevos delitos establecidos con la entrada en vigencia del Código Orgánico Integral Penal.
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