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Desde mediados del siglo pasado, los países latinoamericanos lograron importantes, aunque desparejos, avances en sus esquemas de Protección Social, que han terminado por conformar un universo caracterizado por una enorme diversidad en materia de cobertura, organización institucional y financiamiento. Esta problemática, propia de la política social de los países latinoamericanos (que ha sido analizada cuidadosamente en el Documento del Período de Sesiones presentado en Montevideo, CEPAL, 2006), ha tenido su correlato en serias dificultades de medición de lo que debe ser considerado o no gasto público y social. Tres fuentes de problemas deben ser reconocidas. En primer lugar, las carencias propias de los sistemas de información de casi todos los países. En segundo término, la complejidad institucional de los sistemas de Seguridad Social desde sus orígenes, en donde se combinan instituciones públicas y privadas, con y sin fines de lucro en la administración de fondos provenientes de aportes y contribuciones compulsivos y voluntarios de manera combinada. En tercer lugar, la variedad de modalidades de reforma que han modificado de diferente modo la organización original.