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no
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La construcción de la paz estable y duradera, es un compromiso de estado y no puede ser omitido por el gobierno, ni eliminado de la agenda de estado, a riesgo de caer en una falta gravísima, por tratarse de la atención urgente a un derecho humano y fundamental y de un principio y valor sustancial a la democracia y al estado de derecho. Las garantías para fortalecer la articulación del sistema de justicia especial de paz, comisión de la verdad, amnistía prevista, conexidad de delitos, reconocimiento y reparación a las víctimas y des escalamiento de toda violencia son imperativos, mandatos que debe cumplir el gobierno de manera incondicional, sin pretender la renegociación de nada, en tanto lo pactado, se firmó y ha de cumplirse, a secas, sin objeción. La implementación del acuerdo de paz no es un compromiso opcional ni electivo, y se requiere con urgencia incrustar el espíritu y acciones de paz en el plan de desarrollo y en las agendas institucionales legales, administrativas y financieras.
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