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En las últimas dos décadas las Ciencias Sociales en México han puesto particular interés en analizar la violencia que se vive en el país. Esto ha permitido entender sus múltiples expresiones en los distintos ámbitos de la vida social. Se podría decir, incluso, que ha alcanzado hoy un nivel importante de institucionalización y reconocimiento como tema de investigación. No sólo porque hay financiamiento para apoyar su análisis, sino porque un importante número de instituciones –universidades, institutos, colegios y centros de investigación– han incluido el tema en sus programas de licenciatura y posgrado. De hecho, resulta grato observar la proliferación de seminarios donde la violencia es el corazón de la reflexión académica. En gran medida estos trabajos están, además, informando o alimentando, ciertamente no como se quisiera, las políticas de seguridad que se desarrollan en los ámbitos de gobierno municipal, estatal y federal.
Las investigaciones que se han llevado a cabo permiten dar cuenta del amplio número de factores sociales e institucionales que se encuentran relacionados con la expansión de la violencia a escala nacional. Se ha señalado el papel relevante de variables tales como la desigualdad, la marginación y exclusión, la deficiencia en el diseño de las políticas de prevención, el confuso marco jurídico, la débil y fragmentada institución policial, el inapropiado sistema penal, la corrupción, el narcotráfico, así como la falta de un adecuado sistema de castigos y recompensas. De esta forma es posible atestiguar la consolidación de un conocimiento nada desdeñable al respecto. Cierto, y como sucede con cualquier investigación académica, la agenda de aristas a considerar resulta siempre extensa.
Es necesario señalar, no obstante, que la mayor parte de las perspectivas que abordan el tema de la violencia en México –en sus diversas morfologías–, la caracterizan como el corolario de dinámicas sociales e institucionales de distinto orden; lo que refleja el interés general por explicarla, pero no por entenderla. No se puede negar que la violencia está cruzada por distintos factores; sin embargo, la tendencia a considerarla una variable dependiente tiene consecuencias que no se pueden dejar de señalar. Una de ellas es el negar su definición como hecho social en sí mismo, apelando por lo regular al análisis previo de otros procesos que le son próximos pero no constitutivos, propiciando con ello que se desdibuje como problema de investigación.
Esta forma de ver las cosas resulta muchas veces de la creencia, arraigada en ciertas corrientes de las ciencias sociales, de que la violencia es un resabio de las sociedades tradicionales o el efecto no previsto de los procesos de modernización. Cuya consecuencia lógica es pensar que habría de desparecer en tanto se avance en la racionalización de las relaciones sociales, sus normas y leyes, al tiempo que se consolide la democracia y el desarrollo económico. Tomar distancia de esta perspectiva implica sugerir una cierta “ruptura epistemológica”: la violencia debe adquirir el estatuto de hecho social en sí mismo; entenderse como un referente de acción de sujetos, colectividades e instituciones; no sólo como un instrumento de poder, sino como un componente potencial de las relaciones sociales.
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Se hace necesario narrar y codificar los lugares donde la violencia está presente, definir cómo se construyen, escuchar a las víctimas y los victimarios, y con ello dar cuenta de su evolución, su sentido, su cristalización en la esfera civil y las instituciones gubernamentales. Un análisis sobre esta vía resulta no sólo complementario, sino imprescindible frente a los modelos que colocan la violencia sólo como una variable que depende de factores como la desigualdad, la impericia de las corporaciones policiales o la presencia de incentivos institucionales para castigarla.
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