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Explicación:
El efecto inmediato de la nevada arequipeña fue detener las privatizaciones, explican algunos analistas. La venta de las empresas públicas era una de las patas de la mesa del neoliberalismo económico inaugurado en el gobierno de Alberto Fujimori. Este régimen privatizó más de 200 empresas públicas por recomendación del Fondo Monetario Internacional (FMI). La justificación, que reportaban pérdidas y generaban gastos al Estado.
El gobierno recibió US$ 9,200 millones. Al final del fujimorismo, solo quedaron US$ 500 millones. Lo demás se destinó a armamento obsoleto, pago de la deuda externa, entre otras cosas.
Además de la corrupción, las críticas a las privatizaciones fueron múltiples. Desde el aspecto social provocaron desempleo, miles de trabajadores perdieron sus trabajos. Encarecieron las tarifas de servicios básicos como el teléfono (¿alguien recuerda con entusiasmo el pago de la renta básica de Telefonica?)
Muchas de las empresas se vendieron a precio “ganga”, sostiene Óscar Ugarteche, integrante de la comisión que investigó los delitos económicos y financieros, cometidos durante la década fujimorista. Citó el caso de Solgas, vendida a US$ 7 millones. Dos años después, los compradores chilenos la revendieron a US$ 39 millones.
Lo que alcance a encontrar :>
El extracto corresponde a una acta suscrita por Alejandro Toledo, el 16 de mayo de 2001, en la Federación Departamental de Arequipa (FDTA). Era el candidato presidencial que junto con Alan García pasó a la segunda vuelta electoral.
El documento selló los compromisos que el líder de Perú Posible adquirió en un mitin en la Plaza de Armas. Ahí fue crítico de la política neoliberal y que tenía como pilar básico las privatizaciones emprendidas por Alberto Fujimori.
Esa mecha prendió el "arequipazo" cuando al año siguiente, el presidente, olvidándose de la palabra empeñada, autorizó la venta de Egasa. A diez años de este conflicto social, el primero en democracia después de la dictadura fujimorista, saltan algunas reflexiones.
¿Sirvió de algo? ¿Puso en duda la validez de un modelo económico que comenzaba a colapsar en varios países latinoamericanos? ¿Fue una revolución moral para exigirle al presidente que cumpla su palabra? ¿Solo sirvió para que Juan Manuel Guillén y algunos dirigentes intenten ganar protagonismo? Y siguen las interrogantes.