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La Ley de Dependencia
aprobada el jueves por el Congreso, es sin duda la más importante de la legislatura. Lo es por su alcance (afecta a un millón de personas e indirectamente a tres millones de familiares) y también por su significado: es el mayor avance en la extensión de derechos sociales desde la universalización de la sanidad pública. También es ejemplar por su incidencia en el mercado laboral: en los ocho años que durará su pleno despliegue creará 300.000 puestos de trabajo para personas que con sus cotizaciones contribuirán a la financiación pública del plan. Pese a todo ello, la norma ha tenido un eco limitado, sobre todo en comparación con el que suele acompañar entre nosotros a cualquier menudencia concerniente a asuntos de autoafirmación o rivalidad entre partidos (o entre líderes de un mismo partido), que interesan más bien poco a la generalidad de los vecinos.