“PERDONO, PERO NO OLVIDO”
Entre las docenas de carpeta que Jaime almacena al lado de su cama reposa el documento más viejo y quizás el más preciado: una hoja amarillenta que certifica que él y su familia fueron desterrados de su finca en la vereda Cacayal, de Lejanías (Meta), el 27 de mayo de 1999. El papel le ha servido para tramitar ayudas humanitarias y da testimonio de la primera tragedia de su vida.
“Esa mañana llegaron tres guerrilleros del frente 26 de las FARC, nos sacaron por no haber asistido a una reunión. Dijeron que recogiéramos nuestras cosas y que nos fuéramos”, recuerda. En la noche llego a Grana (Meta) con las otras 11 familias que desocuparon la vereda y, con ayuda de Pastoral Social, consiguió alojamiento en la Casa del Inmigrante de Bogotá, donde le dieron 30.000 pesos que gasto en frutas para vender en los semáforos.
“Pase de negociar entre 10 y 15 toneladas trimestrales de maracuyá a ganarme el diario a punta de mandarina arrayana”, recuerda Jaime. Pero como la situación económica no mejoraba, decidió solicitar un refugio en Ecuador, donde trabajo en un cultivo de flores. Allí estuvo hasta el 2002, cuando retorno a su finca en el Meta y sucedió el accidente de su pierna.
Desde entonces, el y su esposa venden encendedores y esferos en la calle. Lo que ganan apenas les alcanza para la comida, el arriendo de la habitación y los libros de derecho que le piden en la universidad. “Voy en cuarto semestre, soy el mayor de la clase y dentro de tres años seré abogado. Vea lo que puede hacer este viejo”, dice, y suelta una carcajada.
Todas las tardes, después de vender su mercancía en el centro de Bogotá y antes de ir a la universidad, Jaime entra a las oficinas del Programa Presidencial contra Minas, se sienta al lado del vigilante y saca el portátil que un militar le regaló.
Allí hace sus tareas y se mantiene al tanto de las cifras de heridos y discapacitados por minas antipersonas, y ya suman 141.751.
Como el conflicto no ha terminado, es posible determinar el número total de minas sembradas en Colombia. Pero un dato aproximado indica que de 1990 al 2014 se han registrado 30.000 accidentes con estos artefactos. Una cifra preocupante. De las 10.773 personas afectadas, 6.621 son miembros de la fuerza pública, 4.152 son civiles y de estos 1.100 son menores de edad.
“Se debe terminar esta guerra, porque es un grifo abierto que mutila piernas y quita vidas. Cuando me toco, me preguntaba “¿Por qué yo?”. Si nunca he empuñado un arma ni le he hecho la guerra a nadie”, cuenta Jaime, para quien el desminado del país es el paso a seguir una vez las guerrillas dejen las armas.
Eso les solicito a los delegados de ambos equipos negociadores en La Habana, cuando fue invitado a una reunión por funcionarios de la oficina del Alto Comisionado para la Paz. Fue su oportunidad para hablar con los delegados de las FARC sobre el problema de las minas antipersonas.
“Les insistí en que deben entregar la ubicación de todos los campos minados del país y en que desminar puede ser una pena alternativa. Usted la sembró, usted la recoge. Ahora ya no los odio. Como víctima perdono, pero no olvido; y creo que es mejor verlos haciendo política que sembrando minas”.
LO QUE FALTA POR REPARAR
Cuando habla de lo recibido como víctima del conflicto, Jaime saca de entre sus papeles la única fotografía que conserva de su hijo Daniel cuando era niño. La imagen de sirve para explicar que, aunque hayan pasado 15 años como desplazado y 9 como discapacitado, la reparación sigue incompleta.
“Al día de hoy, he recibido 3 millones de las naciones Unidas para los refugiados (Acnur), 24 para un subsidio de vivienda, del Gobierno, 9 por mi pierna y el estudio gratuito para mí y mi familia. Falta los 27 salarios mínimos que dicta la ley 1448 del 2011 y un proyecto productivo, porque con 52 años y sin un título profesional nadie me contrata”, asegura.
Para el, la verdadera reparación vendrá luego del proceso de paz, cuando la sociedad tenga que recibir a los excombatientes y, como dice, “cerrar el grifo de victimas” de una vez por todas y sin generar mayor violencia.
“La reparación y la reinserción tienen que hacerse bien y en simultánea. No queremos ver a nuestros victimarios recibiendo cheques mensuales para que no retomen las armas, mientras esperamos una reparación que nunca llega”.
RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS
• ¿Qué podemos destacar de esta historia?
• ¿Qué afectaciones sufrió Jaime derivadas del conflicto armado en Colombia?
• ¿Han sido suficientes las acciones de reparación que se le han brindado?
• ¿Qué se puede hacer para que estas historias se conozcan?
• ¿Qué papel cumple el patrimonio cultural para lograrlo?
Respuestas
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5
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no se si quieres te lo mando más tarde
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1
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a estudiar solit°
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