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Ya en la recta final de la actual administración, los panameños estamos decepcionados. Se ha mantenido la bochornosa distribución desigual de la riqueza; el clientelismo político, ha sido, con honrosas excepciones, la única credencial para ejercer puestos públicos; la falta de transparencia, el nepotismo y la impune corrupción, han sido prácticas comunes, como lo demuestran las denuncias en nuestros medios, las investigaciones de organismos internacionales, y lo padecemos cotidianamente los ciudadanos que no pertenecemos a la élite gobernante.
A pesar de contar con el marco constitucional y legal que nos permite incidir en la toma de decisiones de los entes públicos, los ciudadanos hemos sido cómplices silenciosos en este desgobierno. Salvo escasas manifestaciones, la mayoría hemos permanecido indiferentes, renunciando tranquilamente a nuestro derecho de fiscalización, control y ejecución de la mayoría de los asuntos políticos, administrativos, ambientales, económicos, sociales, culturales y de interés general. Lamentablemente, hemos limitado el ejercicio de nuestra ciudadanía a votar en las elecciones o gozar de la libertad de expresión, recibir beneficios sociales del Estado o cualquier otra práctica específica. Y dentro de esa limitada visión nos quedamos cortos, pues en las pasadas elecciones cerca del 25% de los ciudadanos habilitados para votar no ejercieron su derecho, y los que votaron lo hicieron seducidos por las promesas de campaña, muchas de las cuales vemos hoy incumplidas. Por otro lado, nuestra libertad de expresión se limita al chateo, muchas veces sin fundamento, en redes sociales y conversaciones de café.
Pero esto no puede seguir así. Estamos en ese “límite crítico” que amenaza con destruir nuestra paz social, bienestar y democracia. Necesitamos con urgencia desarrollar una ciudadanía responsable, activa y solidaria para romper la cultura de corrupción e impunidad, ejerciendo plenamente nuestro derecho ciudadano para exigir ahora todos juntos las rectificaciones necesarias, y elegir en el año 2019 dirigentes probos y comprometidos que pongan fin a la pobreza y nos ayuden a erradicar la corrupción, reducir las desigualdades, promover el desarrollo sostenible y salvaguardar nuestra democracia.
Las bases para las rectificaciones necesarias están descritas en el Plan Estratégico Nacional con Visión de Estado Panamá 2030 (PEN 2030), y le corresponde a la ciudadanía familiarizarse con el documento a fin de velar con fundamento que las estrategias y objetivos allí propuestos sean la guía para el quehacer de los actuales gobernantes en los meses que les quedan, y para los que elijamos en 2019. No podemos permitir que sea archivado, como hizo el gobierno anterior, con los acuerdos de la Concertación Nacional para el Desarrollo, aprovechando nuestra complicidad para dedicarse a gobernar para sus intereses, olvidando el “Panamá que queríamos y podíamos tener”; lo cual no debe sorprendernos, pues aquel documento recomendaba “aprobar e implementar mecanismos, procesos y procedimientos de carácter administrativo y judicial para la persecución y castigo relacionados con el enriquecimiento ilícito y corrupción del funcionario público”. Por cierto que hace mucha falta…
Eso, conciudadanos, solo es posible a través de la activación y el fortalecimiento del control social ejercido por una ciudadanía informada y dispuesta a exigir a la administración, como manda la ley, “que exponga y someta a nuestro escrutinio toda la información relativa a la gestión de los tres poderes del Estado, al manejo de los recursos que como sociedad les hemos confiado, a los criterios que han sustentado sus decisiones y a la conducta de todos los servidores públicos”.
Aprovechemos los mecanismos de consulta pública previstos en la ley. Podemos comenzar exigiéndole al Gobierno que retome las estrategias de la Mesa de Participación Ciudadana y Empoderamiento de la Población en los acuerdos de la Concertación. No menos importantes son las estrategias propuestas para la rendición de cuentas, en especial el establecimiento de mecanismos, procesos y procedimientos claros y efectivos de carácter administrativo y judicial para la persecución y castigo del tráfico de influencias, el enriquecimiento ilícito y corrupción de funcionarios y particulares que gestionan recursos de carácter público.
Y si los canales “oficiales” no funcionan porque no hay voluntad política de promoverlos, entonces organicémonos y salgamos todos a la calle a manifestarnos en forma pacífica, pero sistemática y masiva. Recordemos que la falta de nuestra acción colectiva ahora, es la causa de la crisis de valores que nos agobia y será la causa del retroceso de mañana.
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