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A doce años de la promulgación en Chile de la ley de Espacios Costeros Marinos de los Pueblos Originarios (ECMPO) ¿cuánto ha avanzado este instrumento en la restitución de los derechos de tierra ancestrales de las comunidades indígenas, y de paso, en la protección y manejo sustentable de los ecosistemas costeros del país?
Esta fue una de las preguntas que Luciano Hiriart-Bertrand, de Costa Humboldt; Juan Silva, de la Universidad de California Santa Bárbara, y Stefan Gelcich, de CAPES, buscaron responderse en un reciente artículo publicado en la revista Ocean and Coastal Management.
El trabajo tuvo por objetivo analizar la implementación de esta medida, que asigna y delimita zonas marinas y costeras exclusivas para el manejo de estos pueblos, determinando cuáles son sus principales potenciales a nivel de conservación y los obstáculos que aún perduran para asegurar avances reales en la materia.
Para ello, los investigadores estudiaron el estado de tramitación de las 91 áreas cuya administración ha sido solicitada por comunidades indígenas entre 2008 y 2019 (de las cuales 9 se encuentran completamente operativas), cuya extensión total alcanza los 31.959 km2.
Entre los aspectos evaluados, se determinaron los tipos de uso otorgados para cada zona (turismo, pesca, conservación, entre otros), recogieron las impresiones de las mismas comunidades sobre el instrumento, e identificaron las principales brechas que dificultaban el proceso de asignación e implementación de la política.
“Los principales desafíos de implementación de la ECMPO dicen relación con las diferentes visiones de mundo entre las comunidades indígenas y las instituciones del Estado” afirma el estudio. A esto, se suman problemas relativos a los plazos y recursos financieros requeridos para la aplicación del instrumento, y conflictos originados por el temor de algunos pescadores artesanales no indígenas de que el otorgamiento de más derechos de manejo en las costas chilenas pueda incrementar la presión sobre la actividad pesquera, reduciendo así los recursos disponibles.
“Nuestro diagnóstico revela que uno de los problemas más presentes es el hecho de que Conadi (agencia encargada de implementar la política), provee financiamiento sólo cuando los proyectos han sido aprobados oficialmente; todos los pasos previos del proceso de adjudicación deben ser financiados por las mismas comunidades”, explican los autores. Asimismo, éstos proponen que durante el proceso de postulación las comunidades puedan ser capaces de seleccionar las áreas a conservar, formar redes con entidades estatales y transferir sus sistemas de conocimiento a la compleción de formularios y requisitos de postulación, los que, en la actualidad, están basados en una visión occidental de la gestión ambiental.