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Colombia ensayó durante el siglo XX políticas de reforma agraria, con la visión de formar una sociedad rural compuesta de pequeños y medianos productores, que facilitaran el impulso del desarrollo e hicieran posible integrar la agricultura con la industria bajo condiciones de reciprocidad. Pero estos ensayos tuvieron impactos muy parciales y dejaron incólumes los problemas estructurales de la agricultura, porque se centraron más en la tenencia de la tierra y menos en la creación y utilización de otros instrumentos para un desarrollo rural integral. Las teorías eran claras, pero su aplicación en un sistema institucional descoordinado, sin estrategias definidas de largo plazo y sin liderazgo, echaron por la borda los conceptos y los paradigmas.
El modelo de reforma agraria redistributivo aplicado en Colombia desde los años sesenta está agotado como posibilidad de resolver la cuestión agraria y la tenencia de la tierra; así como se agotó rápidamente la ley 200 de 1936 en la solución de los conflictos agrarios, en la clarificación de los derechos de propiedad y en la apertura de vías de acceso a la propiedad rural por distintos actores económicos y sociales, se agotó también y de manera rápida el nuevo esquema diseñado en la ley 160 de 1994 que buscaba, sin decirlo, abrirle paso al funcionamiento del mercado de tierras. La forma como ha operado hasta hace poco el subsidio del 70% a la compra de tierras, en un esquema de negociación voluntaria entre propietarios y campesinos, ha desprestigiado nuevamente la labor del Estado en su tímido intento por facilitar el acceso a la propiedad rural.
El fracaso también está relacionado con el hecho de que no hubo decisiones políticas para modificar los factores de poder al interior de la estructura agraria, y para facilitar y promover el ascenso social y político de los pobladores rurales, vía su incorporación a la modernización y la modernidad, dentro de una democracia participativa, y con la apertura de alternativas de empleo e ingreso rurales que garantizaran un aumento en el bienestar y desestimularan flujos migratorios no generados en un desarrollo industrial.
Siendo la reforma agraria un instrumento, a la vez que una estrategia para el desarrollo rural, Colombia se dedicó en los últimos cuarenta años a implementar un modelo de desarrollo rural sin acceso a la propiedad rural, y con pocas fortalezas para garantizar los derechos de propiedad. Se realizó así un desarrollo rural instrumental con enfoque productivista, sin una estrategia de transformación de las estructuras políticas y sociales en el campo, y menos con una propuesta de articulación ordenada, equitativa y sostenible entre el campo y la ciudad. Lo urbano y lo rural se engendraron como dos polos opuestos y contradictorios, en lugar de una dupla articulada que podría potenciar el desarrollo sin conflictos. El criterio de entregar tierras de alto costo a campesinos con altos índices de analfabetismo, sin redes sociales organizadas, carentes de capital social, atendidos por organizaciones públicas con altas dosis de ineficiencia y corrupción, actuando con criterios centralistas y en defensa de intereses no públicos, acabó con las posibilidades de transformar el sector rural.
Colombia se urbanizó antes que solucionar su problema agrario y dejó un sector rural propicio a los conflictos, con una agricultura de baja competitividad. Hoy, la reforma agraria cobra actualidad en Colombia porque ella no se ha hecho. Pero debe diseñarse bajo otros parámetros, con otra institucionalidad y dentro de una verdadera estrategia de cambio y transformación. Esa reforma requiere que el Estado deje el monopolio y control absoluto de todas las operaciones y actividades que ello implica; avanzar en una verdadera descentralización, concentrar las acciones por áreas geográficas para hacer eficiente el uso de escasos recursos, desburocratizar los aparatos del Estado y aplicarles mecanismos de rendición de cuentas, disminuir los costos de transacción en operaciones con pequeños productores, fortalecer el derecho de propiedad y adecuar los mecanismos de apoyo para el desarrollo de la agricultura y para hacerla una actividad rentable y segura. Seguir intentando una reforma agraria con modificaciones de organigramas en aparatos del Estado que han perdido credibilidad y confianza, y sin modificar los esquemas tradicionales donde los buscadores de rentas siempre están presentes, es seguir engañándose y repetir los fracasos de este siglo.
Explicación:
porque si