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La brecha digital entre las nuevas generaciones de estudiantes y sus profesores –a menudo no tan hábiles con las nuevas tecnologías–, así como las dificultades de algunos colectivos de disponer de dispositivos y conexión a internet para poder estudiar desde casa, serían algunos de los aspectos a mejorar por parte de la Administración.
La FAVB denuncia la brecha digital
La Comissió d’Educació de la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona (FAVB) recordaba el jueves pasado que “en Catalunya, en el año 2019, había 150.000 hogares sin acceso a internet”, por lo que pedía “que las compañías telefónicas faciliten el acceso gratuito a todas las casas con niños y niñas”. En el comunicado, la federación aseguraba que “se ha hecho evidente la brecha digital existente entre el alumnado y unos docentes con muchas dificultades de actuación frente a un entorno que fuera de la escuela es muy digital”.
La principal propuesta de la FAVB pasa porque se empiece a programar ya un “retorno escalonado” a la escuela, de manera que los centros puedan responder a las necesidades educativas de cada alumno y siempre intentando compensar “unas desigualdades que ya existían antes de la crisis sanitaria, pero que el confinamiento ha agravado”. El comunicado, de hecho, recuerda que “el sistema educativo de nuestro país sufre una serie de carencias debida a los sucesivos recortes”.
La federación vecinal lamenta que “en pleno siglo XXI y con todas las competencias digitales atribuidas” no se esté pudiendo desarrollar “de manera efectiva” el aprendizaje fuera del aula. Para ello, pide asegurar “el acceso real de los centros educativos al equipamiento en TIC [Tecnologías de la Información y la Comunicación] y TAC [Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento] y la formación efectiva de los profesionales docentes, largamente aplazada a lo largo de los años y ahora ya imprescindible”.
Sin recursos tecnológicos en Canarias
Las limitaciones en la implantación de la educación online durante el confinamiento se han detectado en otros lugares de España. Este lunes, la Asociación Estatal de Profesores Estatales (ANPE) de Canarias aseguraba que ocho de cada diez docentes del Archipiélago alertan de que sus alumnos no disponen de suficientes recursos tecnológicos para afrontar el cierre de los centros educativos. Son datos de una encuesta en la que han participado 1.042 profesionales.
Los profesionales de la educación en Canarias avisan también de las dificultades para garantizar la atención a la diversidad –el 70,9% de los encuestados valora con menos de un 5 la posibilidad de prestar atención a la diversidad con los medios telemáticos disponibles–. Y tres de cada cuatro creen que la brecha educativa está empeorando.
Según la ANPE Canarias, estos resultados obligan a tomar medidas con carácter urgente para atender las carencias y evitar que parte del alumnado se desenganche del sistema educativo.
Alumnos con discapacidad, “desconectados”
La organización Plena Inclusión aseguraba también el lunes que “buena parte de los 68.947 alumnos y alumnas con discapacidad intelectual o del desarrollo” se encuentran “desconectados” desde que se suspendieron las clases presenciales, al no contar con los recursos necesarios para seguir desde sus hogares los contenidos que se están facilitando a través de internet”, aseguró la entidad en un comunicado.
La organización –que representa a casi un millar de asociaciones de personas con discapacidad intelectual, trastorno del espectro autista (TEA) y parálisis cerebral y sus familias– reclama a las comunidades autónomas que tengan en cuenta “la especial vulnerabilidad del alumnado con necesidades educativas especiales” y que proporcione a las familias los medios tecnológicos para que estos estudiantes “no se queden atrás” mientras se prolongue el confinamiento.
“Nos preocupa que este tema sea invisible para las autoridades educativas. El alumnado con discapacidad intelectual o del desarrollo es uno de los que sufre en mayor grado la brecha económica y digital, a lo que se une la cognitiva y de accesibilidad”, denuncia Amalia San Román, responsable de Educación Inclusiva de Plena Inclusión.
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