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desde que fue pormulada la ley 1448 de 2011 conocidas como ley de victimas y restutucion de tierras 3I. INTRODUCCIÓNDesde que fue promulgada la Ley 1448 de 2011, conocida como Ley de Victimas y Restitución de Tierras, piedraangular de la política del gobierno de Juan Manuel Santos, los obstáculos y desafíos a su implementación no sehan sido pocos.A pesar de los esfuerzos sin precedentes impulsados por el Gobierno para que las víctimas del conflicto armadointerno puedan recuperar sus tierras despojadas1 y volver a casa, muchos líderes de restitución, campesinos,comunidades y desplazados que reclaman sus derechos fueron y siguen siendo objeto de amenazas de muerte,asesinatos y todo tipo de presiones e intimidaciones.Las cifras son reveladoras: desde enero de 2012, más de 500 personas han denunciado haber recibido amenazasy la Unidad Nacional de Protección (UNP)ha desplegado medidas frente a más de 450 personas que reclamansus tierras. Sin embargo, los reclamantes no son los únicos blancos de amenazas; éstas también han alcanzado alos jueces de tierras, abogados de las víctimas y periodistas que investigan los casos.Detrás de un número importante de estos actos parecen estar los grupos al margen de la ley, es decir, losgrupos sucesores de los grupos paramilitares y las FARC. En diferentes regiones del país, incluso, se ha habladode la aparición de nuevos grupos ilegales cobijados con el nombre de“Ejércitos Antirrestitución”.No obstante, más allá de la incidencia violenta de esos grupos armados ilegales, parece que muchos otrosactores, con intereses a veces ocultos, buscan sabotear también las medidas de restitución del gobiernocolombiano. Dichas acciones desbordan el alcance de la Ley 1448; también incluyen procesos de reforma agrariay titulaciones de predios llevados a cabo por el Incoder, así como la aplicación de disposiciones sobre tierrasconsagradas en la Ley 975 de 2005, mejor conocida como Ley de Justicia y Paz.¿A quién sirve que no se restituyan las tierras despojadas? A quienes las usurparon o adquirieron de manerafraudulenta y/o quisieran adquirirlas a bajo costo. La tierra en Colombia es objeto de todas las codicias: para laganadería, la agroindustria, la minería, la explotación petrolera, para fines del narcotráfico, de paramilitaresdesmovilizados, para todo tipo de especulaciones, etc.Los jefes de los grupos armados ilegales no serían entonces quienes tienen el mayor interés en que no serestituyan las más de 5 millones de hectáreas que fueron abandonas y despojadas a los 4,8 millones dedesplazados internos. La mayoría de esos grupos no tiene un interés directo en la tierra. Actúan principalmentepor cuenta de terceros con intereses diversos; de manera directa e indirecta buscan impedir que les seanarrebatadas las tierras de las que se apropiaron de manera indebida.Detrás de los grupos armados ilegales pueden estar entonces actores tradicionales – algunos económicos, otrospolíticos y empresariales – ; en otros, aparentemente miembros – o ex miembros – de la Fuerza Pública. Cada unode ellos tiene también cierta capacitad de infiltrar a las instituciones estatales (Incoder, Defensoría, Fiscalía, etc.),lo cual constituye una estrategia parcialmente “no violenta” que complementa las acciones armadas contraquienes reclaman sus tierras e impulsan los procesos de restitución.1 Este informe se referirá al “despojo de tierras” según la definición aportada por el Área de Memoria Histórica de la CNRR, dondeéste es concebido como el “proceso por medio del cual involuntariamente un grupo o individuo se ven privados material ysimbólicamente por fuerza o coerción, de bienes muebles e inmuebles, lugares y/o territorios, sobre los que ejercían algún uso,disfrute, propiedad, posesión, tenencia u ocupación para la satisfacción de necesidades”. Véase: Área de Memoria Histórica de laCNRR, El Despojo de Tierras y Territorios. Aproximación conceptual, Bogotá, Julio de 2009. Pág. 30.
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