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El Partido Popular llega al gobierno en minoría. Queda lejos de la mayoría que le hubiese permitido asumir el control político del Estado por sí solo. Tuvo que apelar a medios “alternativos”, con “cómplices necesarios”, para mantenerse al frente del Ejecutivo. Actúan convencidos de que la oposición ha sido neutralizada. La nueva dirección del PSOE tiene la palabra.
También me pregunto la razón por la que los dirigentes del PP y las camarillas empresariales, religiosas y sociales que los apoyan, también se sienten amenazadas y resisten la alternancia necesaria y democrática en el ejercicio de la administración de la “Res Pública”. Expresión del latín, que significa literalmente «cosa pública» y que se asocia con el Bien Común. Este concepto nos aleja del totalitarismo. El que escribe estas ideas se nutre en ese concepto y en esa idea. Me enfrento a la corrupción y a los corruptos.
Pero eso, el gobernar en minoría, que hasta sería democráticamente asumible, confronta con un estilo absolutista que desprecia las decisiones parlamentarias, judiciales y las manifestaciones sociales. El desdén que caracteriza al estilo Rajoy sólo es posible gracias a las debilidades y miserias que ponen de manifiesto sus oponentes. Merced a todo ello los españoles soportamos las consecuencias de las impericias de estos y la avaricia insaciable de aquellos. Están utilizando la Res Pública para fines mezquinos que alteran sus más nobles significados.
La legalidad de los actos de gobierno no obsta para que se cuestione de modo claro la legitimidad de esas prácticas. Por tanto, nada parece ser límite a transgredir cuando se trata de lograr la nulidad de las actuaciones que procuran controlar el abuso del poder o las tramas de corrupción. Todo parece resumirse en una serie de provocaciones que subvierten las bases de la democracia, gracias a unas cada vez menos discretas artimañas.
La decisión del Consejo General del Poder Judicial, “innegociable” por la mayoría afín al partido en el Gobierno, de colocar a la magistrada Concepción Espejel Jorquera al frente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, por 11 de los 21 votos de los vocales. Esta magistrada, que siempre será “Concha” según María Dolores de Cospedal, tendrá amplios poderes para organizar la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Entre ellos, la posibilidad de presidir cualquier vista oral que se celebre en su jurisdicción, curiosamente todos los casos de corrupción que “tocan” al Partido Popular. Además, también puede hacer que cualquier asunto pueda dirimirlo el pleno de la Sala de lo Penal, formado por una veintena de magistrados.
Recordemos que Espejel, hasta ahora presidenta de la Sección Segunda de lo Penal, fue apartada de la celebración del juicio del caso Gürtel por sus estrechas relaciones con el PP. Lo cual deja en evidencia la cuestionable decisión de los vocales del CGPJ. Esto nos retrotrae a las prácticas que caracterizaron al franquismo en materia de justicia. Invito también a las personas que me lean, a que acudan a las fuentes de la historia y revisen el necesario “ajuste” de las instituciones en los estados totalitarios, para hacer “legales” las prácticas más degradantes.
El concepto de “totalitarismo” se resúme en que considera el Estado como un fin en sí mismo. Así el poder del estado totalitario lo puede todo porque el fin lo abarca todo. Régimen político en el que el poder es ejercido por una sola persona o partido de manera autoritaria, impidiendo la intervención de otros y controlando todos los aspectos de la vida del estado.
Ya han neutralizado al Parlamento. Ahora van decididos a neutralizar a la Justicia. ¿Lo sabes no? Observa como las decisiones que llegan de la UE son neutralizadas también. Clausulas suelo, Memoria Histórica, Investigaciones sobre los casos de accidentes como el Alvia. Todo se ignora y neutraliza.
También alerto de que se está poniendo de manifiesto una serie de acciones, a mi juicio parte de una operación global y deliberada, para procurar desprestigiar al periodismo independiente, mayoritariamente digital, de este país.