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La posición que ocupaba la mujer en la sociedad ecuatoriana hasta antes de la revolución liberal no era justa en ninguno de sus campos. El pensamiento colonial, cargado de absurdos prejuicios feudales, no había desaparecido todavía a pesar de las ráfagas de liberalismo traído por la independencia. Su sitio estaba confinado al hogar y nada tenía que hacer fuera de sus puertas, pues casi todas las labores sociales, culturales y políticas le estaban vedadas por la monolítica muralla, si no legal, al menos del convencionalismo y la costumbre. Véase, para prueba, lo que decía el Código Civil que empezó a regir desde enero de 1861:
Art. 124.- El marido debe protección a la mujer, y la mujer obediencia al marido.
Art. 125.- La potestad marital es el conjunto de derechos que las leyes conceden al marido sobre la persona y bienes de la mujer.
Art. 234.- La patria potestad es el conjunto de derechos que la ley da al padre legítimo sobre sus hijos no emancipados. Estos derechos no pertenecen a la madre.
Sólo después, en 1871, se concedió a la madre la patria potestad sobre sus hijos.
En la Constitución de 1883, en su Art. 9, se decía: “Son ciudadanos los ecuatorianos varones, que sepan leer y escribir, y hayan cumplido veintiún años, o sean o hubieren sido casados”. Aquí, expresamente se eliminaba a la mujer de la calidad de ciudadano. Disposición así no se encuentra en ninguna de las otras constituciones, ni siquiera en la Carta Negra de 1869. Y aunque no se crea, fue el liberal doctor Luis Felipe Borja el que pidió que se agregara la palabra varón para no dar lugar a ningún equívoco, pues según su criterio las mujeres no debían intervenir en política, y las que lo hacían, como madame de Stael, ¡eran perfectos marimachos!