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La Iglesia Católica ha decidido tomar un rol más activo para la defensa de los derechos humanos de los pueblos indígenas y no indígenas en Latinoamérica frente a los impactos de las actividades extractivas. De esta manera puede resumirse el tenor de la audiencia temática del último 19 de marzo solicitada por un conjunto de organizaciones religiosas católicas[1] reunidas en la Red Eclesial Pan Amazónica ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Esta fue la oportunidad para que un grupo de obispos, liderados por monseñor Pedro Barreto (arzobispo de Huancayo), plantee ante este organismo internacional una serie de casos, demandas y propuestas relacionados a afectaciones de derechos y condiciones de vida de pueblos indígenas y no indígenas consecuencia de actividades extractivas.
En su exposición, los obispos no solo mostraron cinco casos emblemáticos en los que se estaría ejemplificando la afectación de las condiciones de vida de grupos de personas en Latinoamérica debido a acciones vinculadas con la actividad extractiva (como en el caso de lo ocurrido en el Parque Nacional Yasuní en Ecuador, o alrededor de las comunidades nativas cercanas al Lote 116 en Perú, por citar dos de los ejemplos expuestos relacionados con la actividad de los hidrocarburos), sino que –en la línea de ese rol más activo- presentaron un conjunto de propuestas, que consideramos valiosas y para la deliberación. Entre estas, podemos mencionar las siguientes:
Señalaron la necesidad de contar con un canal permanente de cooperación con las poblaciones afectadas, como la creación de oficinas de formación (escuelas) en materia de derechos humanos y pueblos indígenas, dirigido a agentes pastorales y líderes sociales indígenas y no indígenas, para que puedan presentar ellos mismos sus casos ante las instancias correspondientes.
Manifestaron la necesidad de elaborar una relatoría anual sobre persecuciones y agresiones a líderes y agentes religiosos católicos, que pueda dar cuenta sobre los avances en el cumplimiento de obligaciones estatales en materia de derechos humanos.
Propusieron que los Estados y las empresas extractivas deban asumir corresponsabilidad internacional por el respeto de la naturaleza y los derechos humanos de los pueblos indígenas y no indígenas, lo que supondría -entre otras cosas- reparaciones a causa de violaciones de derechos humanos por actividades extractivas
Solicitaron la no criminalizar de las acciones de manifestación social de indígenas y no indígena en contextos de conflicto socioambiental, teniendo que buscarse espacios estatales de diálogo para encontrar soluciones pacíficas y justas.
Ratificaron su preferencia y compromiso por los pobres, así como su papel mediador para la resolución de los conflictos.
Solicitaron el establecimiento de esfuerzos institucionales con el propósito de un reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y tribales, y sus territorios con medidas concretas, como la titulación de sus tierras, el establecimiento de áreas naturales protegidas, así como el reconocimiento y defensa de sus bosques frente a la tala ilegal.
Pidieron hacer todos los esfuerzos para alcanzar consensos y establecer modelos alternativos y sustentables a los actuales, tomando en cuenta la diversidad cultural que existe en la región.
Esta exposición nos permite confirmar el nuevo rol que esta teniendo la Iglesia Católica en el mundo. Ello significará un cambio esencial en la forma cómo han estado actuando frente a los conflictos socioambientales. Un cambio que resalta la asesoría y el acompañamiento como ejes centrales, sumándose a sus roles de denuncia y mediación.
Explicación:
nada que decir
La Iglesia Católica ha decidido tomar un rol más activo para la defensa de los derechos humanos de los pueblos indígenas y no indígenas en Latinoamérica frente a los impactos de las actividades extractivas.