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La corrupción es un interés prioritario entre ciudadanos y legisladores latinoamericanos
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El problema de la corrupción ha venido consolidándose como prioridad en la agenda de legisladores y ciudadanos de toda Latinoamérica y El Caribe. A continuación, InSight Crime explora cinco propuestas que pueden fomentar la capacidad de los países para lograr avances duraderos en la lucha contra este problema.
1. Fortalecer la independencia judicial
Ganar independencia judicial es crucial para los gobiernos de la región que están trabajando para enfrentar la corrupción. El tema pasó a primer plano recientemente en Centroamérica, donde Guatemala, Honduras y El Salvador elegirán nuevos fiscales generales este año.
En Guatemala, como lo mostró una reciente investigación de InSight Crime, el proceso de designación de la nueva fiscal estuvo cargado de manipulación política. Miembros corruptos de las élites maniobraron para postular candidatos que probablemente no adelantarían acciones judiciales contra quienes los pusieron en el poder.
En casos como ese, dicen los expertos, debe reformarse el proceso de elección de altos funcionarios de la rama judicial con el fin de eliminar influencias indebidas de parte de intereses poderosos.
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Por esta razón, la agrupación elaboró el reporte Descifrando la corrupción, que analiza las causas y consecuencias de los actos corruptos y busca dar indicios para enfrentarlos.
Alvarado, directora de desarrollo económico y social de Ethos, señaló este jueves que existen dos grandes desafíos para combatir la corrupción.
"Tenemos dos retos: una correcta asignación de los recursos y cómo se va a dar el monitoreo de ese gasto (...) es importante que desde la sociedad civil presionemos para contar con una batería de indicadores que contribuyan en esta materia", dijo, durante la presentación del informe en el Instituto Nacional de Transparencia (INAI).
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¿Es suficiente el presupuesto?
Ethos estima que, para el ejercicio fiscal de 2017, hay un presupuesto de 7,382 millones de pesos (mdp) para el combate a la corrupción. Esto incluye el dinero destinado al Poder Legislativo, con 2,275 mdp; al Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), con 2,554 mdp, y a la Secretaría de la Función Pública (SFP), con 1,106 mdp.
Durante la presentación del informe, Luis Chicoma, director de Ethos, cuestionó si estos recursos son suficientes para implementar sanciones y garantizar que las instituciones funcionen adecuadamente, mientras que Jacqueline Peschard, presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), aseguró que esos fondos no bastan, pues en ese monto no se contemplan los nuevos procedimientos establecidos a nivel federal y estatal para combtir la corrupción.
Peschard citó como ejemplo el caso del propio comité ciudadano del SNA, el cual todavía carece de presupuesto. "Llevamos tres meses de vida sin presupuesto ni una oficinita dónde reunirnos", dijo.
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Activar la particpación ciudadana
Para enfrentar estos retos, Chicoma señaló la urgencia de simplificar y modernizar los servicios gubernamentales, y que la falta de competencia en el otorgamiento de los mismos y el inevitable contacto entre funcionarios y ciudadanos propicia los actos de corrupción.
"La incorporación de la tecnología no sólo facilitaría y agilizaría los trámites, sino también reduciría los actos de corrupción", sostuvo.
El comisionado del INAI Joel Salas comentó que otros puntos por atender son la especialización de las personas encargadas de combatir la corrupción y la participación de la sociedad en la construcción de los sistemas locales anticorrupción.
"En todos los sistemas locales habrá una representación formal de la ciudadanía, creemos que los ejercicios locales de gobierno abierto deberían ser utilizados para poder monitorear que los sistemas anticorrupción locales lleguen a buen puerto", dijo.
En el evento también participaron Elisa Suárez, directora de Planeación de Políticas de Ética, Integridad y Prevención de Conflicto de Interés de la SFP; Alejandro Ríos Rippa, presidente de la Comisión Nacional Anticorrupción de la Coparmex; la diputada federal Minerva Hernández y la senadora suplente Martha Tagle.