¿Creen que el avance de las actividades primarias en América Latina genera una desigualdad con respecto a los países donde se desarrolla con mayor fuerza actividades de tipo terciaria o secundaria? ¿por que?
Respuestas
Respuesta:
En las últimas dos décadas ha predominado una tendencia en América Latina: las fases de mayor crecimiento económico están fuertemente asociadas con mayor desigualdad en la posesión de la riqueza. Las condiciones iniciales de inequidad significan que una creciente y gran cantidad de personas queda excluida de los beneficios del desarrollo. Ello se critica desde posiciones éticas, morales y de derechos humanos que consideran el bienestar social como un fin en sí mismo, garantizado por marcos institucionales y pactos internacionales; al tiempo que se acepta cada vez más la importancia de desarrollar el capital social y humano, superar la pobreza y mejorar la distribución social de la riqueza como requisito para potenciar el crecimiento económico desde el enfoque del desarrollo sustentable.
América Latina, de acuerdo con la tendencia mundial, se consolidó como la región más desigual en el planeta; la pobreza aumentó de manera sostenida en términos absolutos, aunque se llegue a estabilizar en términos relativos. A su vez, el crecimiento económico ha sido irregular y débil. Si bien debería producir una reducción relativa en la pobreza, en fases recesivas ésta crece 1.8% por cada punto en que disminuye el PIB por habitante, mientras que en fases de crecimiento sólo declina 0.6% (CEPAL, 2001).
La desigualdad y la pobreza han formado parte de políticas y programas en el discurso oficial. Sin embargo, sus fracasos o limitantes se hacen evidentes con los resultados netos. En la búsqueda de un consenso alternativo, esos fenómenos se explican con varias argumentaciones que han evolucionado en el tiempo, entre las cuales se mencionan dos.
La primera, la teoría del derrame suponía que la pobreza se iba a superar logrando al principio mayor crecimiento económico. A pesar de que resultó insuficiente, en la práctica logró desplazar otras políticas más efectivas para mejorar la igualdad y abatir la pobreza. En América Latina se observa un patrón general por el cual la incidencia de la pobreza aumenta de manera independiente de los ciclos económicos. En las fases recesivas se incrementa el deterioro de los ingresos de los hogares, y en fases dinámicas éstos se recuperan, aunque más lentamente que en las de crisis. Más aún, las evidencias indican que cuando el PIB por habitante crece a tasas mayores de 3%, aumenta la desigualdad, mientras que con crecimientos más bajos cercanos al estancamiento económico, se reduce la inequidad; en otras palabras, predomina la igualación hacia la pobreza (Filguera y Peri, 2004).
En el diagnóstico latinoamericano aún hay resistencia a aceptar que la reducción de la desigualdad y la pobreza son fundamentales para lograr mayor crecimiento económico; tampoco hay consenso en la forma de lograrlo y en qué magnitud. En ese sentido, además de las justificaciones propiamente éticas, se trata de que los logros en justicia distributiva e inclusión social intergeneracional formen parte central de la estrategia de desarrollo económico. En América Latina la riqueza se concentra históricamente en manos de las élites nacionales, regionales o locales; por ello en fases de alta creación de valor agregado no se obtienen grandes avances en la redistribución. En otras palabras, en estructuras sociales más homogéneas y con mayor integración de sus ciudadanos es posible tener mayor eficacia y eficiencia con esfuerzos más modestos de crecimiento y, por supuesto, con políticas explícitamente redistributivas.
En el segundo argumento se ha puesto atención a los factores internos que explican -en algunos casos con gran peso- los resultados finales de los procesos de desarrollo o subdesarrollo, sin negar la tesis de que los factores externos asociados a la globalización con el liderazgo de grandes corporaciones trasnacionales y del capital financiero especulativo, sobredeterminen el desarrollo económico y social de los estados-nación, al obligarlos a aplicar medidas para abrir los mercados.4 Esa idea se relaciona con la capacidad de cada país, en un contexto internacional semejante, para diseñar e instrumentar políticas exitosas que logren reducir la desigualdad o atacar estructuralmente la pobreza. Un ejemplo de ello es la comparación entre naciones que han fracasado en la integración de políticas de fomento a la equidad en sus estrategias de desarrollo, como México (fase D de la curva de Kuznets), frente a otros que aún partiendo de condiciones de subdesarrollo han tenido éxito, como Vietnam (fase C) (PNUD, 2005).
En las últimas dos décadas ha predominado una tendencia en América Latina: las fases de mayor crecimiento económico están fuertemente asociadas con mayor desigualdad en la posesión de la riqueza. Las condiciones iniciales de inequidad significan que una creciente y gran cantidad de personas queda excluida de los beneficios del desarrollo. Ello se critica desde posiciones éticas, morales y de derechos humanos que consideran el bienestar social como un fin en sí mismo, garantizado por marcos institucionales y pactos internacionales; al tiempo que se acepta cada vez más la importancia de desarrollar el capital social y humano, superar la pobreza y mejorar la distribución social de la riqueza como requisito para potenciar el crecimiento económico desde el enfoque del desarrollo sustentable.
América Latina, de acuerdo con la tendencia mundial, se consolidó como la región más desigual en el planeta; la pobreza aumentó de manera sostenida en términos absolutos, aunque se llegue a estabilizar en términos relativos. A su vez, el crecimiento económico ha sido irregular y débil. Si bien debería producir una reducción relativa en la pobreza, en fases recesivas ésta crece 1.8% por cada punto en que disminuye el PIB por habitante, mientras que en fases de crecimiento sólo declina 0.6% (CEPAL, 2001).
La desigualdad y la pobreza han formado parte de políticas y programas en el discurso oficial. Sin embargo, sus fracasos o limitantes se hacen evidentes con los resultados netos. En la búsqueda de un consenso alternativo, esos fenómenos se explican con varias argumentaciones que han evolucionado en el tiempo, entre las cuales se mencionan dos.
La primera, la teoría del derrame suponía que la pobreza se iba a superar logrando al principio mayor crecimiento económico. A pesar de que resultó insuficiente, en la práctica logró desplazar otras políticas más efectivas para mejorar la igualdad y abatir la pobreza. En América Latina se observa un patrón general por el cual la incidencia de la pobreza aumenta de manera independiente de los ciclos económicos. En las fases recesivas se incrementa el deterioro de los ingresos de los hogares, y en fases dinámicas éstos se recuperan, aunque más lentamente que en las de crisis. Más aún, las evidencias indican que cuando el PIB por habitante crece a tasas mayores de 3%, aumenta la desigualdad, mientras que con crecimientos más bajos cercanos al estancamiento económico, se reduce la inequidad; en otras palabras, predomina la igualación hacia la pobreza (Filguera y Peri, 2004).
En el diagnóstico latinoamericano aún hay resistencia a aceptar que la reducción de la desigualdad y la pobreza son fundamentales para lograr mayor crecimiento económico; tampoco hay consenso en la forma de lograrlo y en qué magnitud. En ese sentido, además de las justificaciones propiamente éticas, se trata de que los logros en justicia distributiva e inclusión social intergeneracional formen parte central de la estrategia de desarrollo económico. En América Latina la riqueza se concentra históricamente en manos de las élites nacionales, regionales o locales; por ello en fases de alta creación de valor agregado no se obtienen grandes avances en la redistribución. En otras palabras, en estructuras sociales más homogéneas y con mayor integración de sus ciudadanos es posible tener mayor eficacia y eficiencia con esfuerzos más modestos de crecimiento y, por supuesto, con políticas explícitamente redistributivas.
En el segundo argumento se ha puesto atención a los factores internos que explican -en algunos casos con gran peso- los resultados finales de los procesos de desarrollo o subdesarrollo, sin negar la tesis de que los factores externos asociados a la globalización con el liderazgo de grandes corporaciones trasnacionales y del capital financiero especulativo, sobredeterminen el desarrollo económico y social de los estados-nación, al obligarlos a aplicar medidas para abrir los mercados.4 Esa idea se relaciona con la capacidad de cada país, en un contexto internacional semejante, para diseñar e instrumentar políticas exitosas que logren reducir la desigualdad o atacar estructuralmente la pobreza. Un ejemplo de ello es la comparación entre naciones que han fracasado en la integración de políticas de fomento a la equidad en sus estrategias de desarrollo, como México (fase D de la curva de Kuznets), frente a otros que aún partiendo de condiciones de subdesarrollo han tenido éxito, como Vietnam (fase C) (PNUD, 2005).