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Durante el siglo XIX y hasta la llamada “Ley Sáenz Peña” las reformas políticas en la Argentina se centraron fundamentalmente en definiciones: quiénes eligen y quiénes pueden ser elegidos; quién está a cargo de elaborar el padrón electoral, y en qué forma se distribuyen los cargos en juego. Estas preguntas hoy suenan sencillas, pero su definición implicó marchas y contramarchas, y sobre todo, el enfrentamiento de cosmovisiones políticas antagónicas.
La ley Sáenz Peña de 1912 marcó un punto de inflexión. Allí se estableció el sistema de garantías del voto, que aún hoy tiene vigencia. Además, se extendieron los derechos políticos a la clase media convirtiéndola en sujeto político al universalizar el sufragio. Las leyes posteriores sancionadas a lo largo del siglo XX consolidaron el sistema de garantías de la ley Sáenz Peña y ampliaron los derechos políticos a colectivos sociales antes marginados de la vida política, tales como las mujeres (1947).