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Tal como se destacaba en las Partidas, los reyes de España consideraban a la justicia como uno de los fines principales del Estado. Era lógico que extendieran al mundo americano la misma preocupación y, desde los comienzos de la tarea de conquista y colonización, se dieran a crear un orden justo que regulara, al amparo del derecho, las relaciones sociales.
Los órganos más elevados de justicia propiamente dicha eran, en España, el Consejo de Indias, la Casa de Contratación y la Junta de Guerra de Indias; en América, las Audiencias y, ya a fines del período hispánico, la Junta Superior de Real Hacienda.
Durante las primeras décadas, las cuestiones judiciales vinculadas con el Nuevo Mundo fueron resueltas por el Consejo de Castilla. En 1519, Carlos V dispuso la formación, dentro de dicho Consejo, del denominado Consejo de Indias que, tras alcanzar la categoría de Real y Supremo, comenzó a funcionar en agosto de 1524, compuesto por un presidente, cinco consejeros, un fiscal, dos secretarios y otros funcionarios menores. Los consejeros fueron en aumento con neto predominio de los letrados civiles o eclesiásticos. Sus funciones eran fundamentalmente de gobierno y de justicia. Las segundas lo convertían en el tribunal supremo de todos los asuntos y pleitos que pudieran suscitarse en América, o en España en relación con el gobierno indiano, en tanto ejercía el control de todos los tribunales ordinarios que funcionaban en el Nuevo Mundo y tenía jurisdicción suprema en las causas judiciales de mayor importancia.
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