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Respuesta: Las Naciones Unidas establecieron el 9 de diciembre como el Día Internacional contra la Corrupción. Excelente iniciativa, pues es esencial para el desarrollo sostenible de las economías el funcionamiento de las empresas basado en relaciones fundamentadas en la igualdad de oportunidades y sin que el tratamiento privilegiado en base a relaciones con el poder supongan posiciones ventajosas.
Quizás es más habitual pensar en la corrupción involucrando el poder político y el ecosistema empresarial, pero es igualmente perniciosa la surgida entre empresas. Esto es, cuando la contratación de un determinado suministrador viene inducida por un trato de favor hacia un empleado o las decisiones y preferencias en la contratación no vienen dadas por la mejor oferta o la decisión más conveniente y sí por intereses particulares de un individuo que se anteponen -con deslealtad- a los de la empresa a la que pertenece.
La auditoría de cuentas es clave en la prevención de la corrupción. Los auditores verificamos la solidez del control interno de las empresas auditadas -tanto en relación con los errores u omisiones, como en cuanto a la posibilidad de que se produzcan malas prácticas- y comprobamos si los controles organizativos establecidos en los procesos se han vulnerado. La mera existencia de la auditoría previene tentaciones respecto de prácticas poco éticas, al ser patente que profesionales independientes revisarán las operaciones y procedimientos realizados, con énfasis en las operaciones atípicas efectuadas al margen de los procedimientos regulares.
La auditoría previene de la tentación con respecto a prácticas poco éticas
Sin embargo, nuestro trabajo como auditores no se orienta a perseguir el fraude, sino a opinar sobre si las cuentas reflejan la imagen fiel. Verificamos los sistemas de control interno de las compañías, poniendo de relieve a los administradores sus debilidades para que estos puedan actuar en consecuencia.
La sociedad y la legislación reconocen a nivel nacional e internacional el valor de la auditoría y se establece su obligatoriedad para las empresas que sobrepasan ciertos límites. Junto a esto, en España más de 18.000 auditorías al año se realizan de forma voluntaria, lo que supone un 30 por ciento del total.
Por ello cuesta entender que el sector local (en esencia, ayuntamientos) no esté sujeto, a partir de una cierta dimensión, a auditoría obligatoria, sobre todo tomando en consideración la sucesión de casos de corrupción conocidos, y que han afectado con demasiada frecuencia a municipios.