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La participación de los ciudadanos es esencial para darle forma a la agenda pública, los temas adquieren o declinan relevancia de acuerdo a la existencia o no de la participación. Se revelan las preferencias de la población, se construye aprendizaje social y con ello se abre la puerta a la innovación en las formas de la decisión pública, se fortalecen las instituciones porque reciben justificación y legitimidad, se forma capital social o las redes que dan poder a la sociedad civil frente al Estado, también crea educación para la democracia: la deliberación hace posible que las personas se conviertan en ciudadanos. Y es muy importante que la participación sea amplia, porque cuando no lo es, y son pequeños grupos los que lo hacen incisivamente, puede ocasionar la llamada Captura de recursos institucionales. Es decir, pequeños grupos hiperactivos se apropian de la gestión y los recursos de las instituciones. En este último caso no es la deliberación sobre grandes temas y la definición social sobre ello, sino sobre todo la presión para incidir en la distribución de recursos públicos.
Hay varios formatos para impulsar la participación ligada a la deliberación o discusión de asuntos públicos. Una es conocida como Redes de Política Pública, donde ciudadanos preocupados en torno a cierto problema se juntan a discutir en torno a la definición y las alternativas sobre el mismo; y claro está, las preocupaciones específicas que tienen la pluralidad ciudadana sobre ese tópico. También está lo que en Brasil se conoció como Consejos Gestores de Política, pero a diferencia de la figura anterior, se caracterizan por estar enlazados a procesos de decisión: son espacios de intersección entre sociedad civil y los gobiernos para tomar decisiones. Son una combinación de la democracia participativa y representativa. Otra figura muy interesante es lo que en Sudamérica se titula como ‘jurados ciudadanos’: se juntan personas de diferentes intereses o sectores sociales a evaluar obras de gobierno: transporte, servicios de agua, transparencia, infraestructura urbana, proyectos educativos o de salud, etcétera; y emiten opiniones sobre las acciones gubernamentales. Así las cosas, el resto de la sociedad se ve reflejada en dichas opiniones, que logran tener resonancia representativa por los interese de donde vienen.
Con la opinión organizada y debidamente difundida, se da poder a la sociedad civil en la conducción de los destinos de todos. La participación distribuye el poder. Y entre más participación exista se evita que los grupos con poder económico impongan su interés. Una sociedad débil provoca anomalías y trastornos sociales. La participación activa impulsa el interés público: lo común, que es de todos y debe ser transparente. Contrario a lo que origina el mal en las sociedades: lo opaco, oculto y de beneficio particular. Los gobernantes soberbios que pretenden manejar los asuntos de gobierno lejos del interés público siempre van a obstruir la participación: la decisión la quieren sólo para ellos. Es vital impulsar espacios deliberativos donde la sociedad se exprese y la opinión oriente las decisiones públicas: el debate político debe ser en todos los temas y todos los periodos, las elecciones son sólo uno de los momentos.