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La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés) publicó un análisis sobre la presencia de las fuerzas armadas en la seguridad pública en México en el que hace énfasis sobre los riesgos y consecuencias sobre su participación en funciones que deben ser responsabilidad de autoridades civiles. El ejército ha tenido una presencia activa en las calles dentro del mandato de combatir el crimen organizado desde 2006. Esta medida fue originalmente concebida como algo urgente y de carácter temporal. A pesar de este mandato, la participación del ejército en la seguridad pública no logró reducir la violencia o el crimen organizado en México. En cambio, las fuerzas armadas han cometido delitos y violaciones contra civiles, entre ellos desapariciones forzadas, homicidio, tortura, posesión de narcóticos, entre otros. Con base en cifras oficiales y documentación propia, el análisis de WOLA muestra que las autoridades no han investigado estos casos, con lo cual los delitos y abusos han permanecido impunes. La iniciativa de Ley de Seguridad Interna que actualmente está bajo consideración del Congreso autorizaría el aumento de la presencia militar en la seguridad pública. En su análisis, WOLA hace notar que en la discusión sobre la iniciativa, es fundamental considerar las cifras que muestran un aumento en los abusos cometidos por militares, las implicaciones de la actual falta de mecanismos de rendición de cuentas de las fuerzas armadas sobre su actuación, y la falta de investigación seria de los abusos cometidos contra civiles que han derivado en un contexto de impunidad.
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