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Tras el fracaso de las constituciones de 1819 y de 1826, rechazadas por las provincias del interior por su tendencia unitaria, el Partido Federal alcanzó la hegemonía de todos los gobiernos provinciales, victoria que le costó tres décadas de guerras civiles. A pesar de la derrota definitiva de las posiciones unitarias y la muerte o el exilio de sus principales figuras, sin embargo, las provincias no pudieron imponer una organización constitucional de tinte federal. Su principal obstáculo estaba en la provincia de Buenos Aires, a pesar de que desde 1827 en adelante, todos sus gobernantes fueron federales.
Durante la larga dictadura1 de Juan Manuel de Rosas, desde 1835, este impuso su criterio de postergar la sanción de una Constitución Nacional hasta que las provincias interiores estuvieran en paz y organizadas interiormente. Por otra parte, esto favorecía la imposición a las provincias de numerosos privilegios a favor de la provincia de Buenos Aires, especialmente el dominio económico a través del monopolio aduanero, y la representación de todas en las relaciones exteriores.
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