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Las mujeres constituimos aproximadamente el 50% de la población en México y en el mundo, y por lo tanto, concentramos la mitad de su potencial. Lamentablemente, hoy las mexicanas se encuentran en una situación de alta vulnerabilidad que es urgente cambiar y que es imperante priorizar en la agenda legislativa.
Las mujeres no solo hemos estado tradicionalmente en desventaja en términos económicos, educativos y profesionales, sino que nuestras vidas día a día corren un alto riego. Según ONU Mujeres, en México al menos 6 de cada 10 mujeres han sido víctimas de algún tipo de violencia, 41.3% ha sufrido de alguna clase de violencia sexual y, por si fuera poco, nueve mujeres son asesinadas cada día en nuestro territorio. Con estas cifras, México se encuentra alejado de ser un lugar que pueda proteger a las mujeres, garantizar sus derechos y maximizar su capacidad.
El feminicidio es un evidente mal en sí mismo, es una tragedia. El que 18 de las 32 entidades federativas (es decir, el 56% del territorio nacional) se encuentren formalmente declaradas en Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, es más que devastador. Sin embargo, con la muerte y la violencia hacia las mujeres no termina el sufrimiento para las familias. Ejemplo de ello es la descompensación patrimonial que la ausencia de una mujer representa en la vida de sus seres queridos, especialmente en las de sus hijos. En el 2017, el Inegi indicó que 3 de cada 10 mujeres en el país son madres solteras, lo que, en combinación con un ambiente poco propicio para la protección de la vida de las mexicanas, pone en riesgo a muchos menores de quedar sin ningún sostén económico y familiar. Esta descompensación patrimonial está directamente ligada al desarrollo de los hijos, de su educación, su salud, su alimentación; de su bienestar en general.