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La invisibilización, marginación y violencia que sufrieron nuestros pueblos originarios a través de siglos, produjeron una violación sistémica de sus derechos y una expansión de sus problemáticas que hoy abarcan desde acceso a la salud, pasando por la educación, el trabajo, la vivienda, hasta el respeto a su identidad cultural. Las demandas son enormes, complejas y diversas. Son 34 pueblos originarios, que viven en 1600 comunidades asentadas en todo el país. En el CENSO 2010, 955.032 personas se autorreconocieron como pertenecientes o descendientes de un pueblo indígena.
¿Cómo enfrentar estas problemáticas; cómo avanzar ante tantos años de abandono del Estado, sin caer en el círculo vicioso del asistencialismo, y dejando atrás el clientelismo y la arbitrariedad de elegir a quién sí y a quién no asistir?
La respuesta a estos interrogantes es un plan. Un plan nacional que parta de un diagnóstico certero, que fije prioridades y que avance para conseguir metas sostenibles a corto, mediano y largo plazo. Y, por supuesto, que incluya la participación de los pueblos y el compromiso de todos los sectores de nuestra sociedad.