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Estado y Derecho son un binomio necesario para el buen funcionamiento de cualquier sociedad; el Estado necesita la legitimidad que el Derecho le brinda, para encuadrar su actuación y limitar la acción del gobernado. El Derecho es la fuerza coercitiva del Estado que reprime las desviaciones, incumplimientos y resuelve las controversias que se presentan dentro del amplio pacto social. El Estado desde su nacimiento ha sido regido por el Derecho, pero no todos los Estados han regido su actuación conforme a lo que actualmente conocemos como Estado de derecho. El que una sociedad viva de acuerdo a sus leyes, a su derecho positivo y vigente, no le garantiza el vivir en un Estado de derecho; eso resulta una visión muy estrecha, ya que lo anterior simplemente reconoce un estado de legalidad, pues el primer concepto es mucho más amplio.
Así, el Estado de derecho se define como el conjunto de principios que integran los requisitos fundamentales para una vida social en orden y con libertad, y deriva de la experiencia inicial del mundo anglosajón. Es por ello que al conjunto de principios se los conoce como Rule of Law, concepto que no tiene una real traducción al castellano y la expresión más cercana es Estado de derecho.
Actualmente, el Estado de derecho en nuestro país no está garantizado en todo el territorio, sin importar zonas de alta marginación o grandes ciudades, en las cuales solo se reconoce la aplicación de un estado de legalidad, pero no un Estado de derecho, dando origen a que la ciudadanía en múltiples ocasiones se sitúe en estado pleno de indefensión, inerme, desprotegida ante la omisión de la aplicación de nuestro derecho positivo, que debilita y en algunos casos hace imposible la defensa de nuestras garantías individuales, constitucionales, derechos reales y personales, etc., lo que tiene como consecuencia que se robustezca la pobreza, el crimen organizado, la riqueza en pequeños grupos, en detrimento de la facultad jurisdiccional de las autoridades en los tres niveles de Gobierno y, por consecuencia, de la falta del Estado de derecho.
Las acciones subversivas y desestabilizadoras que hoy vive el país y que intentan destruir al Estado mexicano a través de doblegar al Gobierno de México con el pretexto de demandas que si fueran atendibles están desproporcionadas frente a las acciones destructivas y agresivas contra el Estado mexicano, que de hecho somos todos los ciudadanos del país.
El mantener un estatus de violencia, de agresividad y de impunidad muestra un gobierno débil e indefenso, con el riesgo de escalarlo a niveles incontrolables y, sobre todo, indeseables para la paz y tranquilidad del país.
En el Reporte de competitividad global 2015-2016 del Foro Económico Mundial se identificó como una de las mayores áreas de oportunidad el marco institucional, el cual presenta serias deficiencias sobre ética y corrupción, inseguridad y derechos de propiedad, y la percepción, sobre todo, de que el sector público es deshonesto. Lo anterior sitúa a México en el lugar 57, por debajo de países como Chile que ocupa el lugar 35.
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