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Los crímenes de derecho internacional y las violaciones de derechos humanos en el marco del prolongado conflicto armado aumentaron en los departamentos del Chocó, Cauca, Valle del Cauca, Nariño y Norte de Santander. Ocho jóvenes perdieron la vida en los ataques que las fuerzas armadas lanzaron contra los grupos armados Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP) y Ejército de Liberación Nacional (ELN) en los departamentos del Chocó, Guaviare y Caquetá. Aumentaron los asesinatos de excombatientes de las FARC-EP. Al menos 100.000 personas fueron desplazadas o confinadas forzosamente como consecuencia del prolongado conflicto, lo que afectó particularmente a los derechos de los pueblos indígenas y las personas afrodescendientes. En el marco del Paro Nacional hubo numerosas denuncias de uso excesivo de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad contra quienes se manifestaban de forma pacífica, especialmente en Cali. La policía detuvo arbitrariamente y torturó a manifestantes, y hubo denuncias de violencia sexual y de género contra mujeres y personas LGBTI. Al menos 100 personas sufrieron traumatismos oculares por el uso excesivo e ilegítimo de armas de letalidad reducida por parte de los miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD). Los homicidios de defensores y defensoras de los derechos humanos y las amenazas dirigidas contra estas personas alcanzaron niveles alarmantes.
Información general
Más de 28 millones de personas recibieron la pauta completa de la vacuna contra la COVID-19 entre febrero y el 31 de diciembre, según el Ministerio de Salud y Protección Social. Hasta el 31 de diciembre se habían registrado 129.942 muertes por COVID-19 durante el año.
Miles de personas protestaron de forma pacífica en el marco del Paro Nacional, que comenzó el 28 de abril. Las protestas fueron provocadas inicialmente por una propuesta de reforma tributaria que el gobierno trató de imponer durante una crisis social agravada por la pandemia de COVID-19. La propuesta tributaria fue retirada tras la presión ejercida por las movilizaciones multitudinarias. Sin embargo, la agitación social continuó y contemplaba demandas sociales más amplias, peticiones de justicia por violaciones de derechos humanos, y protestas por la lenta implementación del Acuerdo de Paz de 2016 y la violencia persistente en varias zonas del país.
El Consejo de Seguridad de la ONU amplió hasta 2022 el mandato de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia.