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Resumen
Guatemala, después de 33 años de democracia ininterrumpida, celebra sus novenas elecciones presidenciales en medio de un proceso electoral anómalo en el que dos de las tres favoritas para ganar han visto como la Corte de Constitucionalidad rechazaba sus candidaturas y otro presidenciable acababa detenido en Miami por presuntos nexos con el cártel de Sinaloa. Estos hechos han capturado la atención durante la campaña y han desplazado a un segundo plano a ciertos problemas que más preocupan a la población: los altos niveles de inseguridad, los históricos déficit sociales y económicos y la elevada corrupción y presencia del crimen organizado.
Análisis
Guatemala cierra el 16 de junio los procesos de renovación presidencial en toda Centroamérica tras las elecciones de Nicaragua (2016), Honduras (2017), Costa Rica (2018), El Salvador y Panamá (2019). Unos 8 millones de guatemaltecos deben elegir entre 20 candidatos, la mayor cifra de aspirantes a la presidencia desde 1986, clara muestra de fragmentación política. Además de presidente y vicepresidente, habrá que elegir 160 diputados para el Congreso, 340 alcaldías y corporaciones municipales y 20 diputados para el Parlamento Centroamericano. La segunda vuelta presidencial será el 11 de agosto si ningún candidato alcanza el 50% de los votos.
Estas elecciones se han convertido en un buen retrato de la historia político-electoral de Guatemala desde hace más de tres décadas. El país carece de un sistema de partidos estable, sufre una elevada fragmentación partidista y desafección ciudadana, pese a lo cual ha logrado mantener la institucionalidad y las costumbres y rituales democráticos. A estas características estructurales se une en estos comicios una elevada polarización que ha fracturado el país. De un lado, se sitúan los sectores sociales y políticos que han apoyado la labor de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG)1 y la de su principal aliada, Thelma Aldana (fiscal general de la República de 2014 a 2018), en la lucha contra la corrupción, y, del otro, quienes se han mostrado muy críticos con la tarea desplegada por la CICIG, a la que acusan de invadir la soberanía del país y excederse en sus funciones.
La pugna gobierno-CICIG ha sido intensa en las dos últimas administraciones: las investigaciones de Aldana y la Comisión provocaron en 2015 la caída del presidente Otto Pérez Molina por su vinculación con el escándalo de “La Línea” (trama de corrupción que alcanzaba las más altas magistraturas y que encubría una red de fraude en las aduanas). Durante la actual administración el pulso ejecutivo-judicial ha continuado tras la aparición de informes de ambas instituciones en los que se lanzaba una sombra de duda sobre la figura del presidente y su entorno familiar más cercano (Samuel “Sammy” Morales, hermano mayor y consejero político, y José Manuel Morales, uno de sus cuatro hijos, fueron acusados de facilitar facturas falsas para defraudar unos 23.000 dólares).
Este choque de trenes institucional ha deteriorado la convivencia política y acentuado la división entre defensores de Morales y Aldana; entre la clase política tradicional –calificada como “pacto de corruptos” por sus adversarios– y la cruzada emprendida contra la corrupción y que han liderado el comisionado, el magistrado colombiano Iván Velázquez, y la fiscal general. Este papel terminó colocando a Aldana como adalid de la lucha contra la corrupción y, luego, como candidata presidencial, finalmente non nata.